El Ministerio Público Fiscal de Mendoza estableció nuevos criterios para las denuncias por averiguación de paradero. La medida apunta a optimizar recursos judiciales y policiales y limitar los casos que serán considerados búsquedas oficiales.
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza dispuso nuevos límites para las denuncias por averiguación de paradero y definió en qué situaciones se activará una búsqueda oficial. La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el procurador general Alejandro Gullé y busca reducir la sobrecarga de trabajo en las áreas judiciales y policiales dedicadas a la localización de personas.
La decisión apunta a reorganizar el funcionamiento de la Unidad Fiscal de Homicidios y de la Unidad Investigativa de Búsqueda de Personas, organismos que registraban un incremento sostenido de presentaciones vinculadas a ausencias que no siempre implicaban una posible desaparición forzada o un delito.
La resolución establece que solo serán consideradas averiguaciones de paradero aquellas situaciones en las que exista una ausencia repentina y sospechas concretas de que la persona pueda estar siendo víctima de un delito. De esta manera, el Ministerio Público pretende concentrar recursos en los casos considerados críticos.
Entre los casos que ya no serán tratados bajo este protocolo figuran las fugas de menores de hogares dependientes de la Dirección General de Protección de Derechos o de centros de rehabilitación. Tampoco se considerarán averiguaciones de paradero los conflictos familiares vinculados con disputas judiciales en el ámbito de Familia.
La normativa también excluye las altas voluntarias de hospitales o centros de salud mental, salvo que exista una orden judicial de internación. A esto se suman las personas que ya tengan pedidos de captura vigentes, los testigos o imputados que no puedan ser localizados dentro de una causa penal y los casos de deserción escolar, que serán derivados al Fuero Contravencional.
Además, la nueva disposición establece que los presos fugados no ingresarán dentro de la categoría de personas desaparecidas bajo este esquema. En esos casos, las investigaciones continuarán por otras vías judiciales y policiales específicas.
El Ministerio Público Fiscal aclaró que, si durante cualquier investigación surgen indicios de un posible delito o de riesgo para la integridad de la persona, la causa podrá ser derivada inmediatamente a la fiscalía especializada correspondiente. La resolución mantiene así un mecanismo de actuación para situaciones que puedan derivar en hechos graves.
Desde el organismo señalaron que el crecimiento de denuncias había generado un uso considerado desmedido de recursos humanos y operativos. La intención oficial es agilizar las respuestas ante desapariciones reales y evitar que los equipos especializados pierdan capacidad de acción frente a situaciones urgentes.
La medida también abre un debate sobre el equilibrio entre la optimización de recursos y el acompañamiento institucional a familias que atraviesan situaciones complejas. En Mendoza, como en otras provincias, las denuncias por paradero suelen involucrar conflictos familiares, consumos problemáticos o ausencias voluntarias, escenarios que requieren intervención estatal desde distintas áreas sociales y judiciales.
En departamentos alejados de los grandes centros urbanos, como Malargüe, las distancias y las dificultades de comunicación pueden influir en la rapidez de las búsquedas y en el acceso a organismos especializados. Por eso, especialistas remarcan la importancia de mantener mecanismos de coordinación entre fuerzas de seguridad, servicios sociales y organismos judiciales.
Fuente: Diario El Sol de Mendoza – Ministerio Público Fiscal de Mendoza
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