Mientras avanza el paquete de obras financiadas con el Fondo del Resarcimiento, el Gobierno de Mendoza mantiene casi la totalidad del dinero invertido en instrumentos financieros —principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos y plazos fijos— y reporta ganancias en dólares. El dato reaviva la discusión política: qué parte ya se ejecutó, cómo se usan los rendimientos y cuál es el cronograma real de obras por territorio.
El Fondo del Resarcimiento por los daños de la Promoción Industrial , ex Portezuelo del Viento, volvió al centro del debate público este domingo 31 de mayo de 2026, luego de que se difundieran detalles sobre el rendimiento financiero de los recursos administrados por la Provincia. Según información periodística basada en un reporte de flujo de caja (cash flow) atribuido a Mendoza Fiduciaria con corte marzo de 2026, Mendoza habría asignado a inversiones el 99% del monto original del fondo: unos US$ 981,51 millones más $46.309 millones.
El dato más sensible es doble. Por un lado, la Provincia informa que esas colocaciones generaron ganancias por US$ 53,9 millones, con rendimientos provenientes de intereses acreditados y devengados de plazos fijos, además de ingresos por instrumentos de inversión (bonos). Por otro, se confirma que la estrategia elegida prioriza seguridad y liquidez: el “grueso” de la cartera en dólares se reparte entre plazos fijos (45%), bonos (43%) y fondos comunes de inversión (12%).
En concreto, el esquema detallado incluye alrededor de US$ 441,5 millones en plazos fijos en moneda extranjera; US$ 419,59 millones en bonos del Tesoro estadounidense; y US$ 100,1 millones en fondos comunes de inversión en dólares. Dentro de los títulos norteamericanos, el mix citado combina Treasury Bills (letras), Treasury Notes (notas) y una porción menor en TIPS (bonos ajustados por inflación).
El argumento oficial que suele acompañar esta ingeniería es conocido: “conservar” el valor del fondo mientras las obras avanzan por etapas administrativas y se van solicitando desembolsos para pagar certificados. En esa lógica, Hacienda busca mantener la mayor parte del dinero invertido hasta que Infraestructura requiera fondos, evitando que el capital quede inmóvil o pierda poder adquisitivo.
Hasta ahí, la explicación financiera. Pero el trasfondo es político y de control: si casi todo el fondo está invertido y a la vez “comprometido” a decenas de obras, la pregunta inevitable es cuánto de ese compromiso ya se tradujo en ejecución real y cuánto sigue en planificación. El propio debate público viene marcando diferencias entre porcentajes de asignación y la disponibilidad efectiva para pagar obra en plazos concretos.
En paralelo, la Provincia sostiene que el Fondo del Resarcimiento ya se volcó a una cartera amplia de proyectos y que se habilitaron mecanismos para transparentar pliegos provisorios de futuras licitaciones. En el portal oficial se publican instancias de “pliegos provisorios” para recibir observaciones antes de las licitaciones definitivas, una modalidad presentada como apertura de información.
Ahora bien, el punto más delicado no es solo “dónde está invertido”, sino qué ocurre con la renta: si el fondo gana decenas de millones de dólares, ¿cómo se contabilizan esos rendimientos?, ¿se reinvierten en el propio fideicomiso?, ¿financian mayores tramos de obra?, ¿o se usan para cubrir costos, impuestos y eventuales necesidades de caja? La nota periodística menciona gastos impositivos y ventas de dólares, además de erogaciones en pesos para pagos de obra pública, pero el detalle fino es el que suele reclamar la oposición cuando el tema entra en la Legislatura.
De hecho, ya existen antecedentes de pedidos de informes que ponen el foco en transparencia, estados contables y destino financiero de los recursos del fideicomiso. Un proyecto legislativo de 2025 advierte preocupación por el uso financiero de “fondos excedentes” y reclama información contable y de avance de obras, en el marco de principios de control institucional.
El impacto territorial agrega otra capa. en el sur mendocino, San Rafael y Alvear, siguen de cerca el flujo del Fondo del Resarcimiento porque varias obras se conectan con su matriz productiva y logística.
El Gobierno provincial informó obras financiadas explícitamente con el Fondo del Resarcimiento que impactan de manera directa en San Rafael y General Alvear: en San Rafael se incluye la modernización del sistema de riego del Canal Serú Civit, la ampliación del Establecimiento Depurador Cloacal de Cuadro Nacional y la reconstrucción/repavimentación de la Ruta Provincial 171 en el tramo Monte Comán–Real del Padre. En General Alvear, el esquema de financiamiento contempla el Establecimiento Depurador General Alvear (saneamiento/cloacas) y la propia RP 171 como parte de la conectividad regional entre San Rafael y Alvear, integrada al corredor logístico y productivo del sur.
Por eso, la discusión sobre rendimiento financiero no es abstracta: se traduce en tiempos de obra, certificaciones y en la capacidad del Estado provincial para sostener un plan de infraestructura en un contexto donde otras fuentes de financiamiento pueden ser más restrictivas. También abre interrogantes sobre criterios de priorización: qué se ejecuta primero, cómo se distribuyen los desembolsos y qué cronogramas se informan (y se cumplen) por región.
El “Tesoro de Mendoza” queda así en una zona sensible: la gestión puede exhibir prudencia financiera y rendimientos, pero también queda expuesta a demandas de auditoría pública, publicación de reportes completos y trazabilidad de cada dólar desde la inversión hasta la obra terminada. La clave, hacia adelante, será qué documentación oficial se pone sobre la mesa y con qué nivel de detalle: cartera, vencimientos, rendimiento por instrumento, costos, reglas de liquidez, y un tablero de ejecución de obras por departamento.
FUENTES ORIGINALES: MDZ Online, Los Andes (contexto de asignación y ejecución):
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