Los vecinos de Malargüe cuentan con una junta evaluadora para gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el Hospital Malargüe. El equipo interdisciplinario destacó la atención a pacientes de zonas urbanas y rurales, la agilización de los trámites y la importancia de este documento para acceder a derechos y prestaciones.
A dos meses de su puesta en funcionamiento, el equipo interdisciplinario que integra este espacio destacó la buena respuesta de la comunidad, la atención a pacientes de zonas urbanas y rurales y la reducción en los tiempos de espera para acceder a este documento que habilita derechos y prestaciones.
Las personas interesadas en iniciar el trámite deben acercarse al Hospital Malargüe para solicitar turno con Ailin, por ventanilla de turnos, quien además orienta sobre la documentación necesaria según se trate de una primera evaluación o una renovación. La junta funciona los martes desde las 14 horas en los consultorios de las instalaciones del Vacunatorio Malargüe.
La Dra. Carina Flacavento explicó que el servicio logró consolidar un esquema de trabajo que beneficia directamente a quienes necesitan acceder al certificado. “Está funcionando bastante bien. Se ha formado un equipo interdisciplinario muy amable, que contiene al paciente con discapacidad, a la persona con discapacidad. Estamos manejando bastante bien los tiempos, sobre todo para quienes realizan el trámite por primera vez o una renovación. Entonces esas esperas no se han hecho tan largas”, señaló.
La profesional remarcó que la agilización de los trámites tiene un impacto concreto en la calidad de vida de los pacientes. “Eso no es solo satisfacción para la mamá o para la persona que necesita el certificado, sino que también significa terapias en tiempo y forma. Eso es lo más importante de un Certificado Único de Discapacidad respecto a los derechos de cada persona”, afirmó.
Flacavento destacó además que el alcance de la junta ha llegado a distintos sectores del departamento. “Inclusive hemos tenido pacientes de la zona rural. Entonces eso para nosotros es una satisfacción muy grande, ver que no solo estamos abocados a la zona céntrica o a la parte de ciudad, donde todos tienen mayor accesibilidad, sino también a aquellos pacientes de la zona rural”, expresó.
Sobre el trabajo conjunto con la junta municipal, Flacavento aclaró que ambos espacios cumplen una función complementaria. “Acá nadie reemplaza a nadie. Todos colaboramos y nos ensamblamos para una mejor atención, una mejor llegada y mejores tiempos para la persona con discapacidad. Los tiempos de ellos no son iguales a los nuestros”, sostuvo.
Por su parte, la psicóloga Emilia Lalli explicó el alcance del Certificado Único de Discapacidad y la función que cumple la junta evaluadora. “Somos un equipo interdisciplinario y la idea es otorgar un Certificado Único de Discapacidad, previa evaluación y valoración de nuestro equipo, para determinar si se cumplen o no los requisitos. Es un documento a nivel nacional que permite acceder a determinados servicios y prestaciones”, señaló.
La profesional explicó que existen distintos tipos de discapacidad y que cada situación requiere documentación específica para su evaluación. “La persona puede acercarse y tramitar su certificado de discapacidad, pero siempre aclaramos que no hay que confundirlo con la pensión por discapacidad. La pensión tiene un objetivo económico cuando la persona cuenta con determinado porcentaje de limitación laboral. En cambio, el Certificado Único de Discapacidad evalúa básicamente la funcionalidad que tiene la persona y cómo puede desempeñarse en la vida diaria”, explicó.
Lalli agregó que el certificado constituye una herramienta fundamental para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas. “Es importante gestionarlo para poder habilitar todo lo que sea necesario para que la persona pueda desempeñarse y desarrollarse”, afirmó.
La psicóloga también brindó precisiones sobre el trámite de las pensiones no contributivas por discapacidad, que actualmente se realiza por otra vía. “Las personas que necesiten tramitar una pensión laboral deben acercarse al centros de salud 129 donde atiende la doctora Mariela Puertas y gestionar con ella el Certificado Médico Oficial (CMO). Ese certificado determina un porcentaje de limitación laboral y puede dar lugar a la posibilidad de gestionar una pensión no contributiva por discapacidad”, explicó.
Asimismo, recordó que anteriormente este trámite era realizado en el Hospital Malargüe por el doctor Celin Pérez, pero que actualmente se encuentra bajo la órbita correspondiente del Área Sanitaria.
Finalmente, destacó que tanto la junta del Hospital Malargüe como la junta municipal trabajan con los mismos criterios y requisitos. “Las personas tienen la posibilidad de elegir y acercarse donde consideren. Nuestra junta es ministerial y surge para complementar el trabajo existente, especialmente en el ámbito hospitalario. Hemos tenido personas internadas que requerían su Certificado Único de Discapacidad para acceder a tratamientos y prestaciones. Además, buscamos acercarnos a la zona rural y no a la inversa, porque las personas en situación de discapacidad ya tienen suficientes limitaciones y la idea es hacerlo más accesible”, concluyó.
