La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el Ejecutivo, con 30 votos a favor y 12 en contra. La norma establece una estructura específica para prevenir, detectar y responder ante incidentes que puedan afectar datos, sistemas e infraestructura digital del Estado.
Mendoza dio sanción definitiva a su Ley de Ciberseguridad, una norma que busca establecer una política permanente para prevenir, detectar y responder ante ataques informáticos que puedan afectar los sistemas, los datos y los servicios digitales del Estado. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 2 de septiembre, con 30 votos a favor y 12 en contra.
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y plantea un marco integral para la gestión del riesgo digital, con especial atención sobre la continuidad de los servicios públicos, la protección de los datos personales y la infraestructura tecnológica considerada crítica.
Entre las áreas alcanzadas aparecen salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa. La norma busca que una eventual interrupción de los sistemas no derive en una afectación prolongada de servicios esenciales.
Uno de los principales cambios es la creación de una estructura específica para conducir y ejecutar la política provincial de ciberseguridad.
La ley contempla un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad de aplicación y tendrá entre sus responsabilidades la elaboración del Plan Provincial de Ciberseguridad. También establece una separación entre las funciones de conducción, ejecución y fiscalización.
A esto se suman capacidades de Centro de Operaciones de Seguridad, destinadas al monitoreo permanente y la detección temprana de amenazas, y un Equipo de Respuesta ante Incidentes, encargado de intervenir frente a ataques o vulnerabilidades para contener sus efectos y colaborar en la recuperación de los sistemas afectados.
La Ley de Ciberseguridad de Mendoza también establece un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad. Allí se centralizará información sobre los ataques registrados, las vulnerabilidades detectadas y los tiempos de respuesta, con el objetivo de generar estadísticas y mejorar las medidas de prevención. Parte de esa información tendrá carácter reservado cuando su difusión pueda comprometer sistemas, datos o infraestructura estatal.
Otro eje importante es la gobernanza de datos. La normativa incorpora medidas para proteger la información pública y ciudadana durante las distintas etapas de su utilización, desde la generación y almacenamiento hasta el intercambio, archivo y eliminación.
El alcance no se limita a los organismos públicos. También contempla obligaciones para empresas y proveedores que brinden al Estado servicios digitales, conectividad, infraestructura tecnológica, software o almacenamiento. Entre otras cuestiones, deberán comunicar vulnerabilidades o incidentes que puedan comprometer los sistemas provinciales.
La norma incorpora además un Programa de Divulgación Responsable, que permitirá recibir reportes sobre vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos. El objetivo es favorecer la identificación preventiva de fallas y permitir que especialistas e investigadores puedan comunicar problemas de seguridad bajo reglas determinadas por la normativa.
La propuesta también contempla campañas de alfabetización y concientización digital para organismos públicos, empresas y ciudadanía, con contenidos vinculados con el cuidado de datos personales, credenciales y cuentas digitales. Además, establece estándares mínimos de seguridad y un régimen progresivo de sanciones ante determinados incumplimientos.
El proyecto fue aprobado luego de un debate en el que la oposición cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, sostuvo que la norma era necesaria pero planteó objeciones sobre su alcance, la reglamentación y la protección de los ciudadanos ante eventuales filtraciones de datos.
Germán Gómez, del Partido Justicialista, también reclamó un debate más profundo y cuestionó aspectos de la estructura institucional prevista. Ambos planteos fueron formulados durante el tratamiento legislativo y quedaron asentados en la discusión parlamentaria.
Otro punto de discusión estuvo relacionado con las modificaciones a la Ley de Administración Financiera destinadas a agilizar la contratación y actualización de herramientas tecnológicas vinculadas con la ciberseguridad y la protección de información estratégica del Estado. Este aspecto generó reparos entre sectores de la oposición.
Para los ciudadanos, el cambio no necesariamente será visible de manera inmediata. La principal transformación estará detrás de los servicios digitales que utiliza el Estado: sistemas administrativos, plataformas, bases de datos y herramientas que sostienen prestaciones vinculadas con áreas como salud, educación, justicia y seguridad.
La norma tampoco significa que Mendoza quede libre de ataques informáticos. El objetivo es establecer una estructura permanente que permita prevenir riesgos, detectar amenazas, contener incidentes y recuperar los servicios afectados con mayor rapidez.
En el caso de Malargüe, el impacto concreto dependerá de cómo se implemente la política provincial y de la articulación que se establezca con los municipios. La propia iniciativa contempla la posibilidad de que los gobiernos municipales adhieran a la normativa, sus principios y el Plan Provincial de Ciberseguridad.
La sanción definitiva de la Cámara de Diputados representa así un nuevo marco institucional para la seguridad digital de Mendoza. El próximo paso será avanzar con su implementación y reglamentación, para determinar cómo funcionarán en la práctica las estructuras, obligaciones y mecanismos de protección previstos por la norma.
LECTURA RÁPIDA
¿Qué aprobó Mendoza?
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a una Ley de Ciberseguridad para prevenir y responder ante incidentes que afecten sistemas, datos e infraestructura digital del Estado.
¿Qué estructuras crea?
La norma contempla un Comité de Conducción Estratégica, capacidades de monitoreo y un equipo especializado para responder ante incidentes.
¿Qué datos y servicios busca proteger?
El régimen alcanza información y sistemas vinculados con áreas como salud, educación, seguridad, justicia, hacienda e identidad digital.
¿Qué cuestionó la oposición?
Los bloques opositores plantearon objeciones sobre la reglamentación, la responsabilidad ante filtraciones de datos y algunos mecanismos de contratación.
Fuentes: Cámara de Diputados de Mendoza: Sanción final a la Ley de Ciberseguridad
