La norma salió publicada en el Boletín Oficial. El anexo con 205 hojas estará en manos de cada legislador. Se necesita su ratificación.
El Gobierno Provincial envió a la Legislatura el documento que establece el contrato de transferencia de la mina de Potasio Río Colorado por parte de la empresa brasileña Vale hacia la provincia de Mendoza, para su ratificación, que tiene como objetivo reactivar la actividad, ubicada en el sur de Malargüe.
La norma salió publicada bajo el decreto 1638 del Boletín Oficial y su artículo 1 expresa: “Apruébese el Contrato de Transferencia de Acciones celebrado ad referéndum de la Honorable Legislatura, entre la Provincia de Mendoza, representada en este acto por el Sr. Gobernador, Dr. Rodolfo Suarez, Vale Fertilizer Netherlands B.V. y Vale S.A., representadas en este acto por sus apoderados Sres. Carlos Adrián Abad y Eduardo Santana Correia, e instrumentado mediante intercambio de correspondencia de fecha 19 de noviembre de 2020”.
En tanto, la instrumentación consta de un documento de 205 hojas, que hoy tendrán en sus manos cada uno de los diputados y senadores provinciales.
Esto lo sostuvo el ministro de Economía, Enrique Vaquié, en redes sociales, quien marcó que “tras revisión de Fiscalía de Estado, enviamos a la Legislatura el contrato de traspaso de acciones de Vale a Mendoza que firmó Rodolfo Suárez. Cada legislador tendrá una copia, que será una oportunidad de empleo para los mendocinos”.
El traspaso implica que la Provincia reciba los activos tangibles e intangibles que tuvo Vale, más 30 millones de dólares que permiten administrar la mina por unos 5 años. La empresa, por su parte, recibe inmunidad por parte del Gobierno algo que se detalló en el contrato firmado como pueden ser la existencia de procesos y reclamos que no hayan sido ocultados ni sea información falsa. Igualmente, destacaron que el blindaje es muy amplio.
Esa carpeta engrosada, con el contrato, los avales formales y decretos desembarcará en la Legislatura provincial para su tratamiento.
La intención es que el proyecto de ley tenga tratamiento en comisiones conjuntas, es decir de la Cámara de Senadores y de la de Diputados. Serán las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Economía y otras vinculadas con la minería de ambas cámaras las que deberán sacar un despacho conjunto que será votado en el recinto.
El secreto que se impuso sobre el acuerdo incluye los términos y condiciones del contrato, la auditoría que se realizó, la información financiera y «cualquier información intercambiada entre las Partes». El secreto durará un lustro. «La Cláusula IX, Sección 9.12, “Confidencialidad” del contrato que por el presente Decreto se aprueba, establece que el Contrato y sus términos y condiciones, incluyendo los Materiales de Auditoría y cualquier información intercambiada entre las Partes son confidenciales («Información Confidencial») y éstas se obligan a mantenerla confidencial por el plazo de cinco (5) años», dice el Decreto.
El proyecto Potasio Río Colorado tiene una larga historia. El yacimiento de sal de potasio fue descubierto por el Estado y los primeros sondeos se hicieron en la década de los 70. La empresa británica Río Tinto lo desarrolló y lo puso en proyecto ejecutivo. Con todo aprobado, lo vendió a la minera brasileña Vale, que por entonces era una de las empresas más grandes del mundo. La intención era montar una mina faraónica, con más de 2 millones de toneladas anuales de producción para exportar. Incluía hasta una línea de ferrocarril para sacar el producto por el puerto de Bahía Blanca.
La mina comenzó a construirse por parte de un consorcio llamado Potasio Río Colorado (liderado por Odebrecht). Pero comenzaron los problemas por la caída del precio del potasio y las dificultades de la propia empresa. Finalmente el proyecto se derrumbó; más de 3 mil personas perdieron el trabajo y las instalaciones quedaron a medio hacer. Desde entonces comenzaron negociaciones para relanzarlo. Vale en realidad nunca tuvo intención de hacerlo, sino que buscó venderlo.
El Estado evitó sancionar a la empresa y no le quitó la concesión minera. En cambio acordó un replanteo del proyecto para buscar o un socio inversor o un comprador. La ecuación económica nunca le rindió a Vale y finalmente se acordó el traspaso de las acciones y las instalaciones. Pero en condiciones secretas.
Las concesiones mineras son propiedad del Estado y se concesionan. En el caso de Potasio se regresan los permisos para las minas Guitarras, Don Roque, El Cruce, María Soledad, la Nube, entre otras. Vale igualmente tiene otros permisos mineros.
La intención del Gobierno es relanzar Potasio Río Colorado a una escala mucho menor (del 10% del proyecto original). Incluso se analiza cambiar el método de producción. Pero además quieren aprovechar las instalaciones para generar un polo energético y logístico.
Uno de los proyectos es que la petrolera YPF monte allí una planta de producción de polímeros que se usan para inyectar en pozos petroleros. Esa idea se instaló con la visita del CEO de la empresa, Sergio Affrontti.
Fuentes: Diario Los Andes/Mdzol.
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