El gobierno de Alberto Fernández derogó hoy el Decreto 70 que durante el gobierno de Mauricio Macri modificó la Ley de Migraciones de modo de impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales.
El gobierno de Alberto Fernández derogó el decreto de Mauricio Macri que buscaba evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.
En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene «la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales», se creó un «procedimiento migratorio especial sumarísimo» para negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento de ese entonces radicó en «la duración de los procesos administrativos y judiciales» y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que, al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquél año.
La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes -tanto en Argentina como el exterior- «por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad» o «delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas».
La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado «cualquiera fuese su antigüedad».
En efecto, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. La modificación amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo alcanzaba con un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.
Este viernes el Gobierno derogó el Decreto 70/2017. Alberto Fernández y todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021 que elimina el endurecimiento de los controles fijados durante el macrismo.
El Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó «aspectos sustanciales» de la Ley de Migraciones «que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias». Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció «mejoras ponderables en otros aspectos», desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 «se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria».
La oposición criticó la derogación del DNU
Varios de los dirigentes de la oposición reaccionaron rápidamente y con mucha dureza tras conocer la decisión del Gobierno de derogar el decreto de Mauricio Macri que había impuesto controles más estrictos en las fronteras argentinas en 2017 para frenar el ingreso de delincuentes extranjeros que tuvieran antecedentes penales.
Eligieron las redes sociales para expresar su repudio. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Macri y presidente del PRO, fue contundente en Twitter: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.
Rogelio Frigerio, exministro del Interior de Macri, fue otro de los referentes de Juntos por el Cambio que salió con los tapones de punta en la misma red social: “El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”. En otro tuit agregó: “El decreto 70/2017 aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo plazos y eliminando instancias, respetando todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”.
El hilo lo continuó con más cuestionamientos: “En consecuencia, aumentaron significativamente las cifras de expulsiones. Por medidas como esta, bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno todos los índices delictuales. Argentina, por tradición, siempre fue un país abierto a la inmigración. En nuestra gestión radicamos casi 800 mil extranjeros. Lo único que genera el gobierno derogando este decreto es abrirle las puertas al crimen organizado”.
Jorge Macri, el primo del expresidente y actual intendente de Vicente López, también se sumó a las objeciones opositoras. “Hace un año liberaron a los presos y ahora dejan entrar delincuentes y narcos. Una vez más el gobierno le da la espalda a los argentinos decentes. Este no es el país en el que queremos vivir”, escribió.
El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, también cruzó al gobierno por la medida adoptada: “Este Gobierno dice que lucha contra la delincuencia. Abrirles las puertas a extranjeros con antecedentes penales no fomenta la patria grande sino la inseguridad.”
Además, aseguró que “no hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen, es gravísimo y demuestra que la política de seguridad de este Gobierno abandona a la sociedad y a las víctimas. La liberación de presos, la justificación de usurpaciones, la puesta en vigencia de artículos que benefician a corruptos, narcos y condenados por trata de personas y ahora la apertura indiscriminada de fronteras permitiendo el ingreso de delincuentes. Una verdadera política de inseguridad”.
En ese sentido, Petri anticipó que presentará un proyecto junto a Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y también diputado nacional, para restablecer “el contenido del decreto derogado por el Gobierno, que prohíba el ingreso y permanencia de extranjeros que delinquen. El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos.”
“Derogar el Decreto 70/17 pone un freno a los procesos de expulsión de los extranjeros que delinquen, garantizándoles su permanencia en el país, delinquiendo. Entre 2016 y 2019 hubo 3 mil expulsiones de personas con causas penales en sus países de origen o en el país”, finalizó el mendocino.
Cristian Ritondo, otro representante importante de Juntos por el Cambio, tuiteó: “Derogar un decreto que beneficiaba a la seguridad nacional es atentar directamente contra los ciudadanos. El Presidente da vía libre a la importación de delincuentes mientras miles de familias sufren las consecuencias del narcotráfico y de la inseguridad”.
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