El senador Samuel Barcudi presentó un proyecto para crear una oficina específica, en el ámbito de la Dirección de Defensa al Consumidor, de asesoramiento legal, seguimiento, recepción de denuncias y todo aquello concerniente a estafas y demás delitos perpetrados mediante el robo de datos por Internet o llamadas telefónicas realizados en entidades bancarias o no bancarias.
Según informaciones periodísticas, los delitos denuncias por estafas bancarias crecieron casi un 3.000 por ciento en 2020.
“Estas estafas se llevan a cabo a partir de distintas estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y, entonces, robarles dinero, hacer consumos con sus tarjetas o pedir préstamos de rápido otorgamiento. Luego, la víctima toma conocimiento de que adeuda sumas de dinero de las cuales no tenía ningún tipo de información y que, obviamente, no tomó”, remarcó Barcudi.
El senador enfatizó que este delito habitualmente se conjuga con otros más, por ejemplo, las víctimas deben soportar el hostigamiento y amenazas por parte de los presuntos acreedores a fin de obtener el pago de lo que le atribuyen, con llamados, mensajes de texto, etc., tanto a él como a los miembros de su familia.
“La práctica de estos delitos implica necesariamente la falta de información sobre lo que se reclama: el acreedor no brinda datos certeros sobre el monto, modo ni medio de la toma del crédito o el uso de tarjetas de crédito, entre otras. Por lo cual la víctima, debe iniciar un rastreo pormenorizado para dar con algún teléfono o persona que le explique lo sucedido, sin obtener éxito en la mayoría de los casos”, reza fragmento del proyecto.
Posteriormente expresó: “entendemos de suma urgencia y necesidad, la creación de una oficina específica para el asesoramiento legal, seguimiento, recepción de denuncias y todo aquello concerniente a estafas y demás delitos perpetrados mediante el robo de datos por Internet o llamadas telefónicas realizados en entidades bancarias o no bancarias”.
“La intención radica en que las víctimas cuenten con un canal, una vía, a partir de la cual se centralice con el acompañamiento necesario, todo lo que requiere la solución del problema: asesoramiento para realizar la denuncia penal, abogados que sigan el caso, medios para impedir embargos o cobros extorsivos”, finalizó Barcudi.
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