Debido a dos denuncias realizadas en el ámbito judicial, las autoridades legales del Centro rural evangélico de Agua Escondida procedieron a separar preventivamente del cargo a dos personas de esa institución, mientras avanza el proceso investigativo. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) llevaron tranquilidad a la comunidad educativa.
Para conocer los motivos de las medidas adoptadas en la institución diario digital Ser y Hacer de Malargüe dialogó con la Directora de educación privada de la DGE, Dra. Beatriz Della Savia, quien comentó “la Comunidad rural evangélica es titular de un establecimiento de enseñanza pública de gestión privada en Agua Escondida que tiene modalidad albergue, es el único que tenemos de gestión privada con esa característica, muy cerquita de La Pampa. Esto hace que haya niños que por razones de distancia tienen que ser albergados algunos días para garantizar su derecho educativo. En función de eso, hemos recibido denuncias de algunas situaciones que podrían haber ocurrido en los momentos del albergue, no durante la actividad escolar, donde habría situaciones de maltrato verbal y alguna especie de violencia simbólica en relación a niños y adolescentes que se albergaban”.
La funcionaria apuntó “frente a esa situación se le dio intervención inmediata al organismo de protección de derechos, quien solicitó a la DGE que tomara las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los niños. Emitimos inmediatamente una resolución donde la primera medida fue suspender la albergada de los chicos, es decir, que la escuela pudiera seguir funcionando pero sin el albergue. Se implementó una escolaridad protegida para los niños que necesitaban la albergada y nos comunicamos con la entidad titular del establecimiento, que tiene su domicilio en la provincia de Buenos Aires, la que mostró excelente apertura y disposición para tomar las medidas necesarias de separación del personal, mientras se produce la investigación judicial de las personas que han sido señaladas en las denuncias”.
La medida de separación de las personas mencionadas en las denuncias, que por razones legales no fueron identificadas ante nuestra requisitoria, se adoptaron para llevarle tranquilidad a los padres y garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes.
Los responsables legales del Centro rural evangélico, además, conminaron a los denunciados a no acercarse a la comunidad educativa mientras se realiza la investigación administrativa, además de rotar el personal.
“Las personas que, en principio, han sido denunciadas están vinculadas al nivel primario” consignó Della Savia.
Mientras se designa un nuevo Director del nivel primario está a cargo quien se venía desempeñando como responsable del secundario.
La DGE ha establecido un monitoreo permanente de la situación a través de distintos organismos, además de los que realiza la justicia.
Las denuncias, que en principio serían dos, fueron realizadas por una mamá que enviaba a sus hijos al Centro y la otra por la supervisora de educación privada.
“El mensaje para los papás es que tengan tranquilidad. La situación es muy delicada en relación a la protección de los derechos, porque los niños y adolescentes de la zona tienen mucha dispersión geográfica y deben recorrer grandes distancias para poder acceder a la educación, por eso tenemos que velar por un equilibrio que es garantizar la continuidad de sus estudios y las máximas condiciones de seguridad física, personal y mental” manifestó la titular de la Dirección de educación privada.
Seguidamente recomendó a los padres “que acompañen a sus hijos, dialoguen con ellos sobre esto, pero con tranquilidad y respeto, porque la entidad titular ha dispuesto los mecanismos para restablecer el servicio en condiciones de seguridad. Todas las medidas preventivas, desde que se tomó conocimiento de las denuncias, se implementaron sin ningún prurito, con total firmeza”.
Sobre el final indicó “es necesario remarcar que hay que transmitir tranquilidad a la comunidad educativa y también a los vecinos de Agua escondida, porque este tipo de establecimientos realizan muchas otras labores que la educativa en relación a las personas que conviven en estos espacios. Son centros culturales, recreativos, sanitarios. Estamos presentes, los estamos acompañando, hemos tomado medidas y vamos a concretar todas aquellas que sean necesarias para garantizar la seguridad y el derecho a la educación”.
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