La Cámara de Senadores de Mendoza ha dado luz verde a una iniciativa del Poder Ejecutivo que extiende los plazos para la regularización dominial y la cancelación anticipada de viviendas otorgadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Esta medida apunta a facilitar la escrituración definitiva de las viviendas adjudicadas, mientras que también se enfoca en mejorar el recupero financiero de la institución.
Al someterse a votación, el proyecto fue aprobado por 30 votos a favor, mientras que 7 senadores se abstuvieron de votarlo. Se trata de los representantes de la Unión Mendocina.
Durante el debate, el senador Walther Marcolini, quien preside la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, destacó la importancia de la ley y los beneficios que ha traído a miles de familias mendocinas. No obstante, también subrayó los desafíos que enfrenta el IPV debido a la alta tasa de morosidad en los créditos activos.
Marcolini informó que de los 35 mil créditos que estaban en condiciones de ser cancelados bajo la Ley 9378, se logró la regularización del 60,5%, lo que permitió al Gobierno recaudar $371.300.000 entre junio de 2022 y diciembre de 2023. Sin embargo, destacó que la situación económica del país ha dificultado la recuperación de la cartera crediticia del IPV, con el 57% de los créditos activos en mora. Ante esta situación, la reforma plantea la cancelación de créditos cuyo saldo sea inferior al 30% del salario mínimo vital y móvil, beneficiando a 24.191 adjudicatarios.
Luego, el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, respaldó la prórroga, pero también hizo hincapié en la necesidad de modificar el sistema actual de financiamiento de viviendas, señalando que los mecanismos vigentes no han logrado reducir significativamente el déficit habitacional en la Provincia. En su intervención, también enfatizó que, si bien la prórroga es necesaria, es fundamental revisar y mejorar las políticas de vivienda para que sean más efectivas.
Por su parte, el senador Valentín González, de la Unión Mendocina, subrayó la necesidad de una reforma integral del sistema de créditos. Por esto fue que argumentó que, desde su bloque, se abstendrían de votar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
La senadora oficialista Natacha Eisenchlas cerró el debate defendiendo las políticas habitacionales implementadas desde 2015, destacando que el Gobierno provincial ha asumido la mayor parte del financiamiento de la construcción de viviendas sociales ante la reducción de los aportes nacionales. Asimismo, informó que desde 2015 se han construido 15.083 soluciones habitacionales y que en 2024 el IPV cuenta con uno de los mayores presupuestos del país en su rubro, destacando la importancia de la colaboración público-privada en la construcción de nuevas viviendas.
Alcances de las modificaciones propuestas
El proyecto introduce modificaciones que amplían los beneficios ya establecidos para los adjudicatarios de viviendas y créditos, abarcando a un mayor número de beneficiarios que se encuentran en distintas etapas del proceso de pago y regularización de sus deudas. La iniciativa también contempla la simplificación de los procedimientos administrativos, buscando resolver la situación de aquellos casos en los que aún no se ha determinado el costo definitivo de las viviendas.
Además, se establece un régimen especial que permite la cancelación anticipada de las deudas, con descuentos significativos para quienes se acojan a esta opción. También se contemplan medidas específicas para los casos en los que el saldo pendiente es de baja cuantía, permitiendo su cancelación bajo condiciones más favorables.
La extensión de estos beneficios estará vigente hasta marzo de 2026, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el año siguiente, lo que brinda un plazo adicional para que los beneficiarios puedan regularizar su situación.
El proyecto que extiende los plazos para la regularización dominial y la cancelación anticipada de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha recibido sanción en ambas Cámaras legislativas. Tras la aprobación por parte del Senado, la iniciativa que ya había sido respaldada por la Cámara de Diputados, deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
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