La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó un proyecto de modificación al Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo, como parte de un conjunto de leyes de seguridad. Esta iniciativa busca mejorar la coordinación y eficacia de los allanamientos, especialmente en casos complejos o de especial gravedad.
El senador David Saez explicó los alcances de este proyecto que propone que los fiscales puedan presentar y fundamentar los pedidos de allanamiento en audiencias orales, facilitando así la comprensión y resolución por parte del juez. “Esto permitiría una respuesta más ágil y eficiente ante situaciones que requieren intervención rápida”, añadió el legislador.
El representante del oficialismo enumeró además diferentes operativos que se llevaron a cabo en la Provincia de Mendoza, como fue el caso de un procedimiento que tuvo lugar en el Campo Papa de Godoy Cruz. Desde el Partido Verde, la Unión Mendocina y el bloque Justicialista se manifestaron a favor de la propuesta en tratamiento.
El proyecto también introduce el Artículo 146° bis, agrega dos párrafos al Artículo 217° y un último párrafo al Artículo 229° ter del Código Procesal Penal de Mendoza. Uno de los cambios más relevantes establece que las actas de procedimiento, ya sean firmadas de manera ológrafa o digital por auxiliares de la fuerza policial, serán consideradas suficientes como elementos de convicción para la investigación y actuación fiscal. De este modo, dichos auxiliares no podrán ser citados como testigos únicamente para la ratificación del procedimiento, salvo en casos donde exista controversia sobre lo acreditado con ese documento y sea esencial para la investigación o defensa.
Otra modificación relevante permite que, en casos de especial gravedad o complejidad, el fiscal pueda solicitar audiencias unilaterales para pedir allanamientos u otras medidas relacionadas. Estas audiencias deben fijarse de inmediato, y el juez debe tomar una decisión durante la misma, dejando constancia en un registro audiovisual. En estos casos, también se dispone la presencia de un juez penal durante el allanamiento.
Además, el proyecto establece que, en investigaciones complejas o casos de especial gravedad, el fiscal podrá solicitar la intervención de comunicaciones mediante una audiencia unilateral. Al igual que con los allanamientos, estas solicitudes deberán resolverse en la misma audiencia con registro audiovisual.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo de Mendoza busca fortalecer la coordinación entre fiscales y jueces, mejorando la eficacia en procedimientos judiciales como los allanamientos y adaptando el marco normativo a las necesidades actuales de seguridad.
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