La concejal Silvina Camiolo presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Malargüe para que el municipio eleve un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por los perjuicios derivados de la obra inconclusa de Portezuelo del Viento. La iniciativa busca que se reconozcan los daños sufridos por la comunidad y se exija un resarcimiento al Estado.
Durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, Camiolo, representante del bloque Reconstruyendo Malargüe, presentó un proyecto de resolución que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal documentar y elevar el reclamo ante la Corte Suprema. La propuesta surge a raíz de la decisión del Gobierno de Mendoza de reasignar los fondos que estaban destinados a la represa, luego de un laudo presidencial adverso.
La concejal remarcó que la postergación de Portezuelo del Viento no solo frustró las expectativas de crecimiento y empleo en la región, sino que también condicionó la vida de los habitantes del paraje Las Loicas y zonas aledañas. Durante más de 30 años, las familias fueron advertidas de no construir ni invertir en mejoras, ya que sus tierras podrían quedar bajo el agua. A su vez, la paralización del proyecto impidió la concreción de obras esenciales, como el tendido eléctrico y puentes sobre el Río Grande.

El debate sobre Portezuelo del Viento cobra aún más relevancia tras el apagón masivo del 19 de marzo, que afectó a casi la mitad de la provincia. Este hecho puso en evidencia la fragilidad del sistema energético en el sur mendocino y la necesidad de inversiones en infraestructura. «La falta de políticas a largo plazo ha condenado a Malargüe a un estancamiento que afecta su desarrollo y calidad de vida», advirtió Camiolo.
Además del impacto económico y estructural, el proyecto de resolución plantea la existencia de un daño moral sobre la comunidad. La incertidumbre generada por décadas de postergaciones ha afectado psicológicamente a muchos vecinos. Por ello, la iniciativa propone recopilar testimonios y estudios que respalden el reclamo, incluyendo informes de profesionales de la salud.

El documento presentado por la concejal menciona casos de otros municipios que lograron sentencias favorables tras demandar al Estado por incumplimiento de obras públicas. Basándose en estos antecedentes, la propuesta busca que Malargüe reciba una compensación económica y social que repare, en parte, los perjuicios sufridos por la paralización de la represa.
«No podemos seguir esperando»
Camiolo subrayó que el reclamo no se trata solo de una obra, sino del derecho de Malargüe a crecer y desarrollarse. «Malargüe no puede seguir esperando promesas que nunca se cumplen. Es hora de exigir soluciones concretas», sostuvo.

El proyecto será debatido en las próximas sesiones del Concejo Deliberante y, de ser aprobado, marcaría un precedente en la historia del departamento. La comunidad de Malargüe sigue atenta a la evolución de esta iniciativa, que busca poner fin a una espera de más de tres décadas.
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