Conocido públicamente el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra la fiscal Andrea Lorente, lo inesperado no fue solo el contenido de la acusación —que incluía graves cuestionamientos sobre su desempeño en Malargüe— sino la inmediata renuncia de la funcionaria, la cual fue aceptada, dejando sin efecto el proceso disciplinario. Ese desenlace dejó un sabor amargo en la búsqueda de justicia.

Resulta llamativo que, habiéndose iniciado la investigación interna en febrero de 2024, el pedido formal de Jury recién se conociera luego de que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en declaraciones públicas desde San Rafael, criticara duramente el accionar de la fiscal. ¿Por qué se dejó pasar tanto tiempo? ¿Por qué el procurador general, Alejandro Gullé, no actuó antes si los argumentos que ahora se presentan —y que fundamentaban el pedido de enjuiciamiento— ya estaban documentados?

Los hechos mencionados en esa solicitud son graves: causas de homicidio sin avances, investigaciones de delitos contra mujeres y niños paralizadas, irregularidades administrativas, entre otros. Algunos de estos episodios son conocidos en la comunidad malargüina desde hace tiempo y forman parte de un malestar creciente entre abogados, víctimas y ciudadanos, quienes se sienten desprotegidos frente a un sistema judicial que no responde.

Sin embargo, esta situación trasciende a la persona de la fiscal. No nos corresponde emitir juicio sobre su culpabilidad o inocencia. Lo preocupante es el contexto en el que se activa —y se desactiva— el funcionamiento institucional del Ministerio Público Fiscal. ¿Debe hablar el gobernador para que un procurador avance? ¿Por qué se actúa con tanta demora en temas que afectan la vida y la seguridad de las personas?

La renuncia de Lorente descomprime la presión, pero no resuelve el problema de fondo: la confianza social en una justicia que debe ser autónoma, eficiente y ajena a las decisiones políticas. Cuando las acciones disciplinarias dependen de los tiempos del poder político y no de los procedimientos establecidos, el sistema se debilita.

Malargüe ha quedado una vez más en el centro de una discusión mayor: ¿quién controla a quienes deben velar por la ley? ¿Quién garantiza que las víctimas obtendrán respuesta? La salida de una funcionaria no basta para restituir la fe en la justicia.

Lo urgente es que se reformen las prácticas, se evalúe con rigor y se actúe con responsabilidad. Porque, cuando la política irrumpe en los tiempos de la justicia, lo que se pierde no es un cargo: es la credibilidad de todo un sistema.

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