Durante años, Malargüe ha sido el departamento de las promesas postergadas. En nuestro suelo se proyectaron sueños que parecían a un paso de hacerse realidad: Soda Solvay, Vale, Portezuelo del Viento. Todos nombres que, en su momento, encendieron esperanzas y luego se desvanecieron como arena entre los dedos. Por eso, no sorprende que muchos malargüinos miren con desconfianza cada nuevo anuncio. Hemos aprendido a no ilusionarnos demasiado. Sin embargo, algo distinto parece estar ocurriendo esta vez.
Mendoza avanza hacia un nuevo modelo minero basado en control, transparencia y previsibilidad. Las recientes decisiones del gobierno provincial —entre ellas, la ley que regula las regalías mineras, el Fondo de Compensación Ambiental y la evaluación rigurosa de proyectos en Malargüe— marcan un cambio de época. Ya no se habla de minería como una simple promesa, sino como una política de Estado con reglas claras y participación ciudadana.
El liderazgo del gobernador Alfredo Cornejo ha sido determinante. Con firmeza institucional y capacidad de gestión, logró encaminar procesos que hasta hace pocos años parecían imposibles. Quizás antes Mendoza no estaba preparada para abrazar el desarrollo minero; hoy, en cambio, las condiciones políticas, técnicas y sociales empiezan a alinearse.
Para Malargüe, este nuevo escenario abre una oportunidad única. La minería vuelve a tocar la puerta, pero con una diferencia: el sistema de regalías asegura que parte de los beneficios económicos regrese a los municipios, destinados exclusivamente a obras públicas, infraestructura social y ambiental, y proyectos productivos. En otras palabras, recursos concretos que pueden traducirse en progreso visible: caminos, servicios, escuelas, empleo.
Si estos mecanismos se aplican con responsabilidad y control, Malargüe podría convertirse en un ejemplo de desarrollo equilibrado, donde la extracción de recursos vaya de la mano con la mejora en la calidad de vida de la gente. Las regalías ya no serían un ingreso abstracto, sino una herramienta para transformar la realidad cotidiana de las familias malargüinas.
Pero para que eso ocurra, la comunidad también debe prepararse. No basta con esperar que los beneficios lleguen solos. Es momento de formarse, de acompañar los procesos productivos, de exigir transparencia sin caer en el escepticismo paralizante. Malargüe necesita creer otra vez, pero también involucrarse y participar activamente en su propio destino.
La historia nos ha enseñado que las oportunidades no duran para siempre. Esta vez, la provincia parece decidida a hacer las cosas bien. Con control, planificación y participación, la minería puede ser ese motor que nos devuelva la confianza en el futuro.
Quizás, después de tantas postergaciones, ha llegado el momento de volver a ilusionarnos. Pero con los ojos abiertos, con la madurez que da la experiencia y la esperanza que solo se renueva cuando se construye entre todos.
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