En Malargüe, el silencio institucional se volvió regla: funcionarios que no hablan, organismos que no informan y emergencias sin reportes. La comunidad merece un Estado presente también con su palabra.
Malargüe atraviesa un problema tan silencioso como grave: la creciente ausencia de información oficial por parte de organismos públicos. Lo que antes era una práctica elemental de transparencia y servicio a la comunidad, hoy se ha convertido en una carrera a ciegas donde los medios, y por extensión la ciudadanía, intentan comprender qué está ocurriendo sin la palabra de quienes tienen la responsabilidad de darla.
La situación quedó expuesta con crudeza durante los incendios en Bardas Blancas. Mientras las familias esperaban respuestas y los medios intentábamos reconstruir los hechos, ninguna autoridad brindó un informe claro, oportuno o completo. El fuego avanzaba, la preocupación crecía y las declaraciones nunca llegaban.
Lejos de constituir un caso aislado, el episodio reveló una tendencia que se repite en áreas nacionales, provinciales y municipales. ANSES, PAMI, OSEP, fuerzas de seguridad y dependencias del Estado operan bajo un silencio oficial que no solo resulta impropio de la función pública, sino que vulnera un principio básico: el derecho ciudadano a acceder a información pública. En algunos organismos, incluso, se prohíbe expresamente a sus responsables dialogar con la prensa. En otros, los funcionarios tienen voz solo para reforzar el secretismo, pero no para informar.
Durante la emergencia en Bardas Blancas, periodistas locales lo describieron con claridad: “ninguna autoridad ha brindado declaraciones… todos nos estamos valiendo de testimonios de vecinos, y si a las autoridades les molesta, deberían habernos brindado un informe”. La escena se repitió: vecinos informando por WhatsApp, periodistas verificando lo que podían, bomberos sin autorización para hablar, y un Estado sin voceros habilitados.
En palabras de otro periodista: “estamos trabajando todo el tiempo con información extraoficial y todos te dicen ‘no puedo hablar’. Pero después se enojan con los medios por lo que se dice”. Esa es la paradoja: se exige precisión, pero se niega la fuente; se reclama responsabilidad, pero se impide ejercerla.
Esta dinámica afecta directamente a la comunidad. Sin información clara no hay tranquilidad, no hay certezas, no hay garantías. Y también afecta a los propios organismos: cuando nadie habla, la desconfianza crece, las versiones se multiplican y los rumores reemplazan a los hechos. ¿Puede un territorio funcionar sin vocerías? ¿Puede una emergencia gestionarse sin comunicación? ¿Puede un Estado fortalecer su vínculo con la ciudadanía si elige desaparecer en los momentos clave?
Es necesario decirlo con firmeza: los funcionarios tienen la obligación pública de dar la cara. De informar. De explicar. De responder. La transparencia no es un gesto de buena voluntad: es un deber.
Y cuando esa obligación se incumple, son los medios locales quienes quedan expuestos, trabajando sin datos oficiales, apelando a testimonios extraoficiales para poder cumplir con su misión básica: informar con honestidad.
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben establecer vocerías oficiales claras, con personas designadas y autorizadas a comunicar de manera permanente. Deben garantizar protocolos de información durante emergencias, con reportes actualizados y verificables. Y deben comprender que la relación con la comunidad se construye con palabras, no con silencios.
La ciudadanía tiene derecho a saber. Los organismos públicos tienen la responsabilidad de informar en tiempo y forma. Y los medios locales seguiremos exigiendo lo que corresponde: un Estado que hable, que explique y que rinda cuentas.
Solo así Malargüe podrá recuperar la confianza y el sentido de servicio que nunca deberían haberse debilitado.
