La aprobación del proyecto San Jorge y de Malargüe Distrito Minero Occidental II no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de trabajo, convicciones sostenidas y procesos institucionales bien hechos. Una decisión que reafirma el rumbo productivo de Mendoza y pone en valor el esfuerzo silencioso de Malargüe y de sus representantes.
Lo ocurrido esta semana en Mendoza no fue un hecho aislado ni un golpe de suerte. Fue el resultado de años de trabajo político sostenido, muchas veces silencioso y otras tantas ingrato, llevado adelante por hombres y mujeres que entendieron que el desarrollo no se declama: se construye. Y que, en una provincia como la nuestra, la minería forma parte central de esa construcción.
Durante demasiado tiempo, Mendoza pareció rehén de consignas vacías, de miedos amplificados y de discursos que reemplazaron el debate por la desinformación. Esa lógica no se desarma de un día para otro. Se enfrenta con política, con decisión, con convicción y, sobre todo, con procesos bien hechos. Eso es lo que finalmente se impuso.
Nada de lo aprobado ocurrió por imposición ni por atajos. El avance del proyecto San Jorge y del paquete de leyes asociadas fue posible porque el Estado provincial decidió ordenar, respetar cada instancia institucional y garantizar que todos los pasos se cumplieran como corresponde. Hubo declaraciones de impacto ambiental evaluadas por organismos técnicos, audiencias públicas abiertas, debate legislativo real y una votación que reflejó algo fundamental: la minería dejó de ser una bandera partidaria para convertirse en una política de Estado.
Ese dato no es menor. Distintos espacios políticos acompañaron este camino. Eso habla de una comprensión más profunda: la necesidad de reconvertir la matriz productiva mendocina no admite mezquindades ni especulación. Es una discusión estructural y, como tal, se ganó desde la política.
En ese recorrido, el rol del gobernador Alfredo Cornejo fue determinante. No solo por haber impulsado el proyecto, sino por haberlo hecho de manera ordenada y responsable. No hubo improvisaciones ni apuros irresponsables. Hubo método, planificación y respeto por la institucionalidad. Frente al ruido, se eligió el procedimiento. Frente a la mentira, se respondió con información. En ese contraste, ganó la educación al slogan y el dato al grito.
Pero si hay un territorio que sabe de esperas largas y de luchas persistentes, ese es Malargüe. Aquí hace años que muchos malargüinos vienen horadando la piedra, no solo en sentido literal, sino político, social y cultural. Lo hicieron cuando era incómodo, cuando no daba rédito inmediato, cuando defender la minería parecía casi una mala palabra. Lo hicieron convencidos de que el tiempo, tarde o temprano, iba a poner las cosas en su lugar.
En esa historia es justo reconocer el trabajo del exintendente Juan Manuel Ojeda, que supo sostener una visión estratégica cuando otros preferían el silencio. Y es imprescindible poner en valor el rol de quienes hoy llevaron esa voz a la Legislatura provincial.
Jimena Cogo, diputada provincial, y Jessica Laferte, senadora provincial, fueron claras, firmes y coherentes. Hace años defienden la minería como herramienta de desarrollo, incluso cuando eso implicó soportar presiones y costos políticos. No levantaron la voz por oportunismo, sino por convicción. Sostuvieron la voz de Malargüe cuando no era fácil hacerlo. Junto a ellas, el acompañamiento de la senadora Alejandra Barro y de otros legisladores permitió consolidar un respaldo que trascendió nombres propios y pertenencias partidarias.
Y aunque el proyecto San Jorge se desarrollará en Uspallata, Malargüe no quedó al margen. La aprobación de Malargüe Distrito Minero Occidental II es una señal concreta y poderosa. No promete resultados inmediatos ni vende espejismos, pero confirma un rumbo. Activa expectativas reales, reactiva el interés de grupos empresarios y profesionales y consolida a nuestro departamento como un actor central en el mapa minero provincial.
La minería no empieza cuando se corta una cinta. Empieza mucho antes, cuando existe convicción ciudadana, una decisión política clara y sostenida, con reglas, controles y previsibilidad. Eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que, con responsabilidad y madurez, Mendoza supo sostener.
Porque esta vez no ganó el ruido. Ganó la política cuando se hace bien.
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