El reclamo se repite en distintas provincias y pone en riesgo la continuidad de servicios terapéuticos y educativos. En Malargüe, profesionales del sector también señalan retrasos en el cobro de salarios.
Instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad en todo el país advirtieron sobre una situación crítica debido a la demora en el pago de prestaciones y el atraso en autorizaciones administrativas que afectan el funcionamiento del sistema. El reclamo proviene de centros terapéuticos, escuelas y hogares que dependen de los pagos provenientes de organismos nacionales y obras sociales.
Uno de los principales puntos señalados por las instituciones es la acumulación de deudas por prestaciones ya realizadas. Referentes del sector indican que la interrupción en la cadena de pagos impacta directamente en el sostenimiento de los servicios y en la continuidad laboral de los profesionales que trabajan en la atención de personas con discapacidad.
A esta situación se suman las demoras en la aprobación de nuevas prestaciones para usuarios que necesitan iniciar tratamientos o continuar terapias. Las organizaciones advierten que estas demoras administrativas dificultan el acceso a servicios fundamentales como rehabilitación, transporte, educación especial y acompañamiento terapéutico.
La problemática no se limita a una sola región. En distintos puntos del país, prestadores y organizaciones vinculadas al sector impulsaron medidas de reclamo ante la falta de pagos correspondientes a prestaciones financiadas por organismos nacionales y obras sociales.
Las entidades señalan que muchas instituciones dependen casi exclusivamente de esos recursos para mantener su funcionamiento cotidiano. Cuando los pagos se retrasan, se dificulta cubrir costos operativos, salarios y recursos necesarios para sostener las terapias y actividades diarias.
En este contexto, organizaciones del sector advierten que el debilitamiento del sistema impacta directamente en las personas con discapacidad y sus familias, que requieren servicios permanentes de apoyo terapéutico, educativo y social.
La situación también tiene repercusiones en Mendoza. De manera extraoficial, Diario Digital Señal de Malargüe pudo conocer que en algunos centros de asistencia a personas con discapacidad de la cuidad los profesionales no han percibido sus salarios correspondientes a prestaciones financiadas por Nación desde aproximadamente octubre del año pasado.
Aunque estos datos aún no cuentan con confirmación oficial pública a nivel local, trabajadores del sector señalan que el atraso en los pagos genera preocupación entre profesionales y familias que dependen de estos servicios.
El sistema de prestaciones para personas con discapacidad en Argentina se encuentra regulado por la Ley 24.901, que establece la cobertura de apoyos terapéuticos, educativos y sociales destinados a garantizar la atención integral y la inclusión.
Frente a este escenario, instituciones y profesionales continúan solicitando la regularización de los pagos y medidas que permitan sostener la red de servicios que asiste diariamente a miles de personas con discapacidad en el país.
Fuente: Diario San Rafael – ASDRA – organizaciones del sector discapacidad
