La senadora provincial Jésica Laferte confirmó que, desde la Legislatura de Mendoza, se pusieron en marcha las primeras instancias de diálogo político para abordar la problemática que viven familias crianceras, vecinos y prestadores turísticos en el tramo entre el Centro de Frontera de Las Loicas y el Paso Pehuenche. El objetivo es avanzar ante Nación con una alternativa de régimen especial, ya que los traslados se realizan dentro del territorio argentino y no implican ingreso a Chile.
La “zona gris” no es un concepto técnico, pero en Malargüe se volvió una forma concreta de nombrar un problema real. Ocurre en el tramo que une el Centro de Frontera de Las Loicas con el Paso Pehuenche, donde el funcionamiento de los controles asociados al cruce internacional interfiere con movimientos cotidianos que, en rigor, son dentro de Argentina. En ese corredor viven y trabajan familias crianceras y vecinos que necesitan trasladarse por motivos básicos: llevar a sus hijos a la escuela, bajar al pueblo o a la ciudad por trámites, atención de salud, abastecimiento de alimentos, o para sostener actividades productivas y de servicios.
En declaraciones exclusivas a Ser y Hacer, la senadora provincial Jésica Laferte explicó que el tema comenzó a ordenarse institucionalmente con las primeras reuniones impulsadas desde la Legislatura de Mendoza, a través del diálogo político que integran las comisiones de Relaciones Internacionales del Senado y de Diputados. “Hoy tuvimos reunión de diálogo político… estuvo presente el delegado de migraciones Carlos Fritz Guiñazú”, relató la legisladora, al describir el primer paso de un proceso que busca pasar del diagnóstico a una solución formal.
Laferte subrayó que uno de los puntos centrales tratados fue la situación de los crianceros en Malargüe. La particularidad, señaló, es que “estando dentro del mismo territorio argentino” enfrentan dificultades porque deben realizar “controles de migraciones”. Y no se trata de un inconveniente aislado: la senadora remarcó que el efecto se expande hacia los prestadores turísticos, los visitantes y la población local que transita por razones esenciales. En la zona hay emprendimientos que dependen de una circulación razonable y previsible, como Real del Pehuenche, además de familias que no viajan por ocio, sino por necesidad.
El impacto social se vuelve más delicado cuando el circuito involucra a menores. Laferte advirtió que la dinámica actual también genera una “problemática en el juzgado”, porque para trasladar a niños sus padres terminan gestionando autorizaciones, lo que deriva en más trámites y en una demanda adicional para el sistema judicial. En Argentina, la documentación y autorizaciones para menores se asocian típicamente al egreso del país, y por eso la situación produce tensión cuando la realidad territorial es interna, sin cruce efectivo.
Para entender el nudo, hay que mirar el diseño institucional de los pasos: el Centro de Frontera Pehuenche es un punto donde intervienen organismos nacionales para ordenar el ingreso y egreso en un paso internacional. Esa lógica es necesaria para el cruce con Chile, pero el reclamo plantea que, en este caso, la operatoria termina afectando a personas que no están “saliendo del país”, sino moviéndose dentro del mismo departamento.
Por eso, la senadora fue precisa sobre a quién corresponde destrabar el tema: la autorización debe venir de Nación Argentina, no de Chile, ya que no hay ingreso a territorio chileno. En ese marco, anunció que se avanzará con una reunión en Malargüe en los próximos días, posiblemente a comienzos de abril, e invitando a autoridades de otras jurisdicciones. El objetivo político-institucional es que la Legislatura pueda presentar una propuesta para que se evalúen y, eventualmente, se apliquen regímenes especiales de funcionamiento.
Aunque la “solución concreta” todavía no está definida —Laferte remarcó que se está evaluando y que para eso son las reuniones—, el debate no parte de cero: existen antecedentes normativos nacionales que muestran que Migraciones puede instrumentar esquemas diferenciados según contexto territorial. Uno de los más citados en la Argentina es el Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), que establece procedimientos especiales y credenciales para residentes de zonas fronterizas y también contempla instrumentos de facilitación para turismo en pasos habilitados.
Ese punto es clave para comprender el sentido del impulso legislativo: el reclamo de Malargüe no busca desarmar el control fronterizo ni modificar reglas binacionales, sino encontrar un mecanismo que evite que la vida cotidiana —escuela, salud, abastecimiento, trámites y trabajo— quede atrapada por requisitos pensados para otro tipo de tránsito. Si el Estado nacional ya ha aplicado modalidades especiales en otros escenarios, la expectativa es que pueda diseñarse una respuesta ajustada al caso Las Loicas–Pehuenche.
Por ahora, la novedad es política y concreta: desde la Legislatura de Mendoza se activó la mesa inicial, se sumó Migraciones al diálogo y se fijó un horizonte cercano para trasladar la discusión al territorio. Para las familias crianceras y quienes sostienen actividades en la zona, ese cambio de fase es relevante: el problema deja de circular como queja informal y empieza a transitar el carril institucional donde se definen los mecanismos que pueden ordenar —de una vez— la “zona gris” del sur malargüino.
