La Cámara de Diputados convirtió en ley la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. La norma forma parte de un paquete más amplio impulsado por el Ejecutivo mendocino y apunta a reactivar la Pyme y promover inversiones productivas con beneficios fiscales, financiamiento y estabilidad impositiva.
La Legislatura de Mendoza dio sanción definitiva a la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, conocido como RIMI, una herramienta nacional destinada a promover inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas. La decisión fue adoptada por la Cámara de Diputados, que convirtió en ley un paquete de reformas enviado por el Poder Ejecutivo provincial y vinculado al Ministerio de Hacienda y Finanzas. Según la información legislativa, la aprobación final se produjo luego de que el Senado introdujera modificaciones y devolviera el texto a Diputados para su revisión definitiva.
La medida no debe confundirse con el RIGI, que está orientado a grandes inversiones. El RIMI tiene otro alcance: apunta a proyectos de mediana escala, especialmente de pymes, con inversiones productivas en bienes, obras, equipamiento, tecnología, eficiencia energética y sectores específicos como agricultura, ganadería y energía. La reglamentación nacional establece que pueden ser beneficiarias las empresas que acrediten su condición de micro, pequeña o mediana empresa hasta la categoría Mediana Tramo 2.
El régimen nacional fue creado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/2026. Entre sus objetivos figuran incentivar inversiones nacionales y extranjeras, fortalecer cadenas de valor, mejorar la competitividad, generar empleo e incrementar exportaciones. En términos concretos, los principales beneficios nacionales están vinculados con la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales de IVA para inversiones productivas que cumplan las condiciones establecidas.
La adhesión de Mendoza agrega beneficios provinciales. De acuerdo con la información legislativa, el paquete aprobado contempla estabilidad impositiva provincial por un período determinado, acceso preferente a herramientas de financiamiento, asistencia técnica, capacitación, transferencia tecnológica, prioridad en programas de empleo y acceso a parques industriales o espacios productivos bajo órbita provincial. La intención oficial es presentar a Mendoza como una provincia más competitiva para inversiones de escala media, especialmente en sectores productivos con capacidad de expansión.
El trámite nacional de adhesión de las empresas se canaliza a través del Sistema de Gestión de Inversiones, implementado por ARCA. La Resolución General Conjunta 5849/2026 estableció requisitos, condiciones y pautas de coordinación entre organismos nacionales. Según ARCA, el régimen alcanza inversiones de entre 150.000 y 9 millones de dólares, aunque existen inversiones específicas que pueden ser promovidas independientemente del monto, como sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes.
Para Malargüe, la noticia tiene una lectura estratégica. El departamento cuenta con actividades que podrían vincularse al nuevo esquema: turismo, servicios asociados a la minería y la energía, producción caprina, emprendimientos agropecuarios, logística, eficiencia energética y obras productivas. También puede resultar relevante para empresas que busquen incorporar equipamiento, mejorar procesos, invertir en energía renovable o ampliar infraestructura destinada a la producción.
Sin embargo, el impacto local dependerá de varios factores. El primero será la capacidad real de las empresas para alcanzar los montos mínimos exigidos o encuadrarse en categorías especiales. El segundo será la reglamentación provincial y la forma en que Mendoza instrumente los beneficios locales. El tercero será la disponibilidad efectiva de financiamiento, asistencia técnica y programas que permitan que el régimen no quede limitado a empresas medianas ya consolidadas.
Para hablar de plena operatividad provincial habrá que verificar la promulgación, publicación en el Boletín Oficial de Mendoza y eventuales reglamentaciones locales. El marco nacional ya cuenta con decreto reglamentario y procedimiento de adhesión, pero la implementación concreta en la provincia requerirá pasos administrativos que serán determinantes para las pymes interesadas.
En ese contexto, Malargüe tiene una oportunidad de seguimiento propio. La pregunta central no es solo qué aprobó la Legislatura, sino qué empresas, sectores y proyectos malargüinos podrán transformar esa adhesión en inversiones reales.
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