Vivir en Malargüe tiene un costo que no siempre aparece en una factura, pero que generaciones enteras conocen perfectamente: el costo de la distancia.
No es una situación nueva ni atribuible a una gestión determinada. Es una condición estructural de nuestra historia. Estamos a cientos de kilómetros de los principales centros administrativos, sanitarios y universitarios de Mendoza. Por eso, para las familias malargüinas viajar para atenderse, estudiar, hacer un trámite o resolver una necesidad ha sido, durante décadas, parte de la vida cotidiana.
Pero habernos acostumbrado no significa que debamos naturalizarlo.
Esta semana, distintas noticias volvieron a mostrar caras de un mismo problema. Afiliados de OSEP reclamaron por dificultades relacionadas con medicamentos, tratamientos e insumos. Cuando una respuesta no se encuentra en Malargüe, trasladarse a Mendoza implica tiempo, dinero y, en casos vinculados con la salud, una carga adicional para personas que ya atraviesan situaciones difíciles.
Ese costo puede medirse. Actualmente, un viaje ida y vuelta en colectivo entre Malargüe y Mendoza ronda los $96.800 por persona, sin contar alimentación, movilidad dentro de la ciudad ni un eventual alojamiento. Son, además, cerca de cinco horas de viaje por tramo.
Con la educación sucede algo similar.
La UTN Mendoza abrió la preinscripción para Ingeniería en Minas, una carrera directamente vinculada con uno de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo productivo provincial.
Y desde Malargüe corresponde formular una pregunta: ¿por qué Ingeniería en Minas no está también en Malargüe?
No pretendemos que todas las carreras universitarias se dicten en nuestro departamento. Nuestros jóvenes tienen proyectos de vida diversos y muchos necesariamente deberán estudiar afuera. Pero resulta difícil ignorar la paradoja de que una carrera creada para formar profesionales de la minería se concentre en la ciudad de Mendoza mientras buena parte de las expectativas de desarrollo minero provincial están puestas precisamente en territorio malargüino.
La discusión sobre la equidad territorial, además, no empieza de cero.
El Estado ya reconoce que las condiciones de Malargüe justifican tratamientos diferenciados. Nuestro departamento cuenta con beneficios específicos vinculados al gas y los combustibles. A ello se suman políticas como la garrafa subsidiada y la asistencia con leña para familias que necesitan calefaccionarse. Es importante reconocerlo porque demuestra que una política diferenciada no es necesariamente un privilegio: puede ser una herramienta de equidad cuando las condiciones territoriales son distintas.
Entonces, la pregunta es inevitable: si ese principio ya se acepta frente al clima, la energía o los combustibles, ¿por qué no profundizarlo también en salud, educación superior, transporte, trámites e infraestructura?
El planteo del Concejo Deliberante sobre el desarrollo del corredor Pehuenche también forma parte de esa discusión. Las rutas y la conectividad determinan cuánto cuesta vivir, producir, estudiar e invertir desde el departamento más austral de Mendoza.
La igualdad provincial no puede limitarse a que un servicio exista en los papeles. Si para ejercer un derecho un ciudadano debe recorrer cientos de kilómetros, disponer de prácticamente un día entre ida y vuelta y afrontar gastos que otro mendocino no tiene, las condiciones de acceso no son iguales.
Por eso, Malargüe necesita que la equidad territorial sea un criterio transversal de las políticas públicas provinciales.
Descentralizar no es solamente abrir oficinas. Es acercar salud, educación, decisiones, infraestructura y oportunidades.
Malargüe no pide privilegios por estar lejos. Pide que se reconozca algo elemental: tratar exactamente igual a quienes viven realidades diferentes también puede generar desigualdad.
La distancia seguirá siendo parte de nuestra geografía. Lo que las políticas públicas pueden y deben evitar es que también determine nuestras oportunidades.
Redacción Ser y Hacer
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