Sin sorpresas, como se había anticipado, el gobernador Rodolfo Suarez firmó el consenso fiscal con el presidente de la Nación y otros 22 mandatarios provinciales. El titular del Ejecutivo mendocino ya había asegurado que rubricaría el acuerdo pero avisó que en nuestra provincia no subirá los impuestos ni implementará el impuesto a la herencia. De este modo, pese las críticas de sectores aliados, mantuvo su posición de adherir a la convocatoria presidencial.
Durante esta misma jornada el ala liberal del partido gobernante le había pedido a Suarez que no firmara el consenso. A esa solicitud adhirieron los diputados nacionales por Mendoza del PRO, Omar De Marchi y Álvaro Martínez por considerar que se trataba de una extorsión de la Nación.
El único que no firmó y ni siquiera asistió fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En el mismo encuentro Alberto Fernández convocó a los gobernadores para el 5 de enero a un encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien les dará explicaciones sobre las negociaciones con el FMI.
El consenso fiscal tiene varios puntos. Por un lado permite a las provincias aumentar sus impuestos ya que establece topes de alícuotas, por ejemplo de Ingresos Brutos, que están por encima de lo que se cobra actualmente y lo que se cobrará en el 2022 en Mendoza, según lo que ya aprobó la Legislatura en las leyes de Avalúo e Impositiva. Sin embargo, Suarez ya ratificó que pese a esa habilitación, no subirá impuestos en Mendoza.
Pero además desde la Nación pretenden instalar la discusión sobre el impuesto a la herencia, justificando que «genera equidad», según sostuvo este fin de semana Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. Ante esa propuesta, el Gobierno mendocino ya está decidido a no avanzar con ese impuesto. «En la letra del consenso fiscal se destaca que las provincias analizarán la creación de ese impuesto, con lo cual no es un compromiso en firme ni mucho menos, le da esa facultad a las provincias, es decir no es una imposición ni una obligación», remarcaron desde Casa de Gobierno.
Los detalles del nuevo consenso fiscal
El nuevo consenso busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado con el objetivo de reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que, en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones del país.
En el texto suscripto, la Nación y las provincias se comprometieron a promover el intercambio de información, a seguir trabajando en un programa integral de simplificación y la coordinación tributaria federal, a fortalecer el Padrón Federal – Registro Único Tributario (RUT), a evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los o las contribuyentes en Ingresos Brutos y a consensuar un proyecto de ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles.
Además, las partes se abstendrán por un año de iniciar procesos judiciales y suspenderán por igual término los ya iniciados, al tiempo que Nación se comprometió a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación.
Con respecto al impuesto sobre los Ingresos Brutos, acordaron considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota, y se establecieron las alícuotas máximas para un conjunto de actividades.
Sobre el impuesto de Sellos, se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.
También se alcanzaron acuerdos respecto del impuesto a los Automotores, el Inmobiliario y a la transmisión gratuita.
A su vez, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de Endeudamiento Responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, por desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y por las operaciones de reestructuración de deuda.
En cuanto a la responsabilidad fiscal, se retomará la vigencia de los artículos suspendidos de la Ley N° 25.917 y se incorporará que la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB, y que el producido del endeudamiento gubernamental no podrá destinarse a gastos corrientes, salvo excepciones.
Críticas desde Cambia Mendoza
Referentes del PRO y de otros partidos integrantes del Frente Cambia Mendoza salieron a criticar el acuerdo firmado por el gobernador Suárez.
“No al pacto fiscal. Nos comprometimos a no aumentar impuestos. Ese pacto avala la creación y suba de impuestos en las provincias, aunque Mendoza diga que no aumentará. El camino es bajar el gasto público, no seguir asfixiando a los contribuyentes” expresó el diputado nacional Omar De Marchi (PRO).
Su par y presidente del PRO en Mendoza, Álvaro Martínez, dijo “Gobernador Suarez nos comprometimos a otra cosa, no es momento de firmar este consenso que tiene olor a extorsión. El camino es el que viene haciendo la provincia bajando impuestos y no consintiendo que se aumenten”.
Rolando Baldasso, senador provincial por el mismo espacio, indicó “Gobernador, creo es un error aprobar el Pacto fiscal, es inconveniente y una barbaridad tributaria. Agrava los inconvenientes que pretende solucionar más inseguridad jurídica, simpleza en la tributación y violenta las autonomías municipales; Establece un constitucionalmente dudoso manejo de la información tributaria de los contribuyentes; Confunde evasión con elusión fiscal; Compromete a las provincias a legislar sobre un “impuesto a la herencia”, lo que a su vez genera un doble problema: Mayor presión tributaria y se pide a las provincias aumentar la presión, esto seguramente se esconde un recorte de fondos, que deberán compensar (las provincias) “como puedan”, o sea con más impuestos; Bonus track no tributario: las provincias deben suspender, o no iniciar, por un año, todo tipo de acción contra la Nación para recuperar todo lo no recibido en violación al Régimen de Coparticipación. Conclusión: Pierden los contribuyentes (somos todos) Y deja un mal acuerdo”.
Josefina Canale, exdemócrata e integrante del Partido Demócrata Progresista (PDP), Julio Totero, el industrial metalmecánico que representa al MID, la diputada Hebe Casado y el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu, del espacio lopezmurphysta +República, son los firmantes de un documento en el que se oponen a la firma de un nuevo pacto fiscal por parte del gobierno de Rodolfo Suarez.
Fuente: Diario Uno/Memo.
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