Desde que el Fiscal sanrafaelino Javier Giaroli dio a conocer la investigación que venía llevando hace meses sobre el abominable abuso de dos menores en Malargüe, cuyas imágenes habían sido subidas a Internet, y que desencadenó una serie de allanamientos en nuestra ciudad que terminaron con la detención de un hombre y una mujer que sería en un caso padre de uno de los chicos y la madre de otro, sin que ambos mayores fueran pareja, comenzaron los señalamientos a distintos sectores de la sociedad por no haberse ocupado de prevenir esos delitos.

En tiempo donde las redes sociales son verdaderos medios de comunicación similares a los tradiciones, donde cada titular de una cuenta en ellas se convierte en un comunicador social, donde los escraches están a la orden del día sin tomar los más mínimos recaudos respecto de verificación de fuentes, donde en los medios de comunicación parece tener más valor la primicia que la verdad, sería bueno que nos tomemos unos minutos de este domingo para enfriar la cabeza y reflexionar respecto de cómo nos tenemos que ocupar de un tema tan delicado como el abuso de menores, que por cierto no es la primera vez que se hacen noticiables en la comunidad malargüina.

Más allá de la trascendencia pública de los aberrantes casos que hemos conocido no es descabellado pensar que hay muchos otros que no se han ventilado y de tantos otros por los que deben estar pasando niños, adolescentes y adultos.

No buscamos en estas líneas señalar a nadie por acción u omisión, pero sí  poner en la mesa de discusión si se benefició a los menores abusados viralizando las imágenes, mencionando con nombre y apellido a sus agresores, más en un lugar tan chico como Malargüe donde “nos conocemos todos” o el haber publicado la imagen de la progenitora de uno ellos que, de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, habría tenido total desconocimiento de lo que sucedía a su alrededor. Tras ello, cómo se sentirán las víctimas y sus hermanitos que deben seguir viviendo en el mismo barrio, concurriendo a la misma escuela, que van a comprar a los negocios de cercanía.

Hemos observado como algunos políticos, en medio del proceso electoral en el que estamos inmersos, rápidamente salieron a posicionarse y desparramar responsabilidades en otros, sin hacerse cargo de la cuota   que les corresponde.

Al respecto, es oportuno plantear los argumentos de la Defensoría del público de servicios de comunicación audiovisual para el tratamiento mediático responsable del abuso hacia niños, niñas y adolescentes, que se puede hacer extensivo a cada uno de nosotros.

El organismo plantea “realizar una cobertura respetuosa de los derechos antes que una mediatización sensacionalista y espectacularizante de lo sucedido. No difundir información que permita identificar a las víctimas dado que la exposición puede comprometer sus derechos. Extremar los recaudos para preservar la identidad de niños, niñas y adolescentes. Evitar tanto la identificación directa -difusión de datos personales, imágenes de vivienda, fotografías y videos sin blurear y audios sin editar (alterando la voz para evitar el reconocimiento)- como la indirecta -difusión de nombres de los padres, familiares, imágenes de escuela y demás espacios de pertenencia. La divulgación de esta información puede provocar la revictimización de quien padeció los hechos, puede exponer a la víctima a situaciones de estigmatización y discriminación. Evitar, además de la estigmatización de las víctimas, la de sus entornos y ámbitos de pertenencia. Brindar información precisa sobre las investigaciones o el estado del proceso judicial si lo hubiera, respetando la reserva de información procesal que pudieran disponer las autoridades judiciales. Brindar información orientadora y preventiva que ayude a la población a abordar la problemática, mecanismos de denuncia y asistencia. Contextualizar las problemáticas, a fin de contribuir a la comprensión social y al desarrollo de estrategias de prevención”.

Todos esas recomendaciones derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo con las cuales las coberturas deben respetar: a) El derecho al interés superior; b) El derecho a la dignidad y a la integridad personal; c) El derecho a la vida privada e intimidad familiar; d) El derecho a la dignidad; e) El derecho a opinar y ser oído.

En la columna de la Dra. Cecilia Martínez, que publicamos en el día de ayer (leer aquí), se lee que “la dimensión y la gravedad de esta forma de violencia (por los abusos) ejercida contra la infancia vuelven sumamente relevante el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos y la identificación de las víctimas de abuso sexual. Asimismo, son necesarias campañas de sensibilización dirigidas tanto a los niños, niñas y adolescentes (NNyA) como a los adultos que se desempeñan en los sistemas de protección de derechos, salud, educación, policía, justicia y a la sociedad en general. Sin detección no es posible implementar medidas de protección, ni brindar tratamiento para las víctimas y sus familias.

La importancia de escuchar al niño cuando toma la palabra radica en que su descripción frecuentemente es la más importante, poderosa y, en muchas ocasiones, la única evidencia del abuso cometido en su contra. Por ese motivo, es imprescindible prestarles atención, privacidad y escucharlos sin juzgarlos.

Los NNyA que han sido o son abusados sexualmente pueden estar aparentemente asintomáticos. Muchos muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso sino que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo el maltrato físico y emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido catástrofes. Las manifestaciones adquieren diferentes expresiones súbitas o solapadas, como incremento de pesadillas y problemas para dormir, conducta retraída, estallidos de angustia, ansiedad, depresión, rechazo a quedarse solos con una persona en particular, conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad.

Según el artículo 9 de la Ley 26.061, cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección.

Los adultos que tienen a cargo la responsabilidad parental y quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de salud del ámbito público o privado no solamente deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias, sino que además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial. El primer organismo interviniente debe denunciar el hecho y para hacerlo no es necesario cumplir con ninguna condición. Para formular la denuncia no se requiere el pedido de autorización de un superior jerárquico ni la asistencia de un abogado”.

De allí, entonces, que todos como sociedad somos responsables, en mayor o menor medida, de estar atentos a estos casos, dar las alertas ante la menor sospecha, observar críticamente las campañas que promueven la promiscuidad sexual, las relaciones sexuales sin responsabilidad, y tantas otras prácticas que sólo traen como consecuencia la degradación de la persona, tanto de la víctima como de los victimarios, quienes, en un alto número, suelen haber sufrido también algún tipo de violencia.

Es la hora de ocuparnos de los niños abusados, de sus familiares, de la contención que no hemos sido capaces de darles como sociedad y de respetar, por sobre todo, el accionar de la justicia, que con todas sus falencias y falta de recursos, tiene muchos integrantes que se la juegan día a día para cumplir con las funciones que la república les ha encomendado, como fue en este caso el Fiscal Giaroli y su equipo.

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