Cada tanto, la realidad golpea la puerta con una crudeza imposible de ignorar. La semana pasada, más de 120 familias malargüinas volvieron a visibilizar su reclamo por el derecho a una vivienda digna. Lo hicieron en la Plaza General San Martín, presentando notas y testimonios que reflejan no solo una necesidad habitacional urgente, sino también la desidia de las gestiones políticas de todos los niveles de gobierno, sin excepción.
No se trata de una problemática nueva. Según un reciente informe de Inquilinos Agrupados, siete de cada diez hogares en Argentina destinan entre el 30 y el 50% de sus ingresos al pago del alquiler, y el 72% está endeudado. En Malargüe, ese dato toma forma concreta en los rostros de personas como Claudia Arroyo, Ángela Soto o Violeta González, quienes viven de prestado, pagan cifras exorbitantes o han sido desalojadas de terrenos que en algún momento creyeron suyos.
La situación habitacional del departamento es crítica. Hace años que el Instituto Provincial de la Vivienda no construye un barrio en Malargüe. Por otro lado, el complejo Procrear, iniciado hace casi una década, aún no ha sido completamente entregado. Han pasado los gobiernos de Cristina Fernández Vda. de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora el de Javier Milei, sin que esas viviendas terminen en manos de quienes las necesitan. El Estado parece caminar más lento que la urgencia.

A esto se suma que el actual gobierno municipal decidió retirar la posesión de terrenos entregados por la gestión del ex intendente Juan Manuel Ojeda, argumentando que no eran aptos para la construcción. Sin embargo, lo que la comunidad reclama no es la justificación técnica, sino una alternativa concreta: otro loteo, un plan progresivo, algo que permita soñar con un techo propio. Mientras tanto, muchos siguen pagando alquileres imposibles o compartiendo una pieza con toda la familia en condiciones de hacinamiento.
Ante ese panorama ¿No sería más lógico avanzar con un esquema de urbanización progresiva y acceso a créditos blandos que acompañe a quienes tienen voluntad, pero no recursos?

Aunque en los últimos meses han aparecido líneas de créditos hipotecarios, a raíz de la política económica que implementa el gobierno nacional, la realidad es que están lejos del alcance de muchas familias. Por eso, la construcción de viviendas sociales financiadas con créditos accesibles debe volver al centro de la agenda pública.
Y aquí una reflexión que no puede dejarse pasar: se acercan las elecciones legislativas y este debe ser uno de los temas centrales de campaña. La vivienda es una deuda que atraviesa todos los colores políticos. Han gobernado y gobiernan quienes no supieron o no quisieron dar respuestas. Ya no alcanza con diagnósticos ni con excusas técnicas. El déficit habitacional en Malargüe necesita ser abordado con urgencia, sensibilidad y compromiso. Porque detrás de cada familia sin techo, hay un Estado ausente. Y esa ausencia se vuelve insostenible en personas con nombre y apellido.
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