El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo provincial en la Legislatura y propone crear estructuras específicas para prevenir, monitorear y responder ante incidentes informáticos. La iniciativa alcanza a los tres poderes del Estado, proveedores tecnológicos vinculados a servicios públicos y contempla campañas de prevención para la ciudadanía.
La Ley de Ciberseguridad ingresó al Senado de Mendoza con el objetivo de establecer reglas comunes para proteger los datos que administra el Estado provincial y asegurar la continuidad de servicios esenciales frente a eventuales incidentes informáticos.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en la Legislatura y apunta a consolidar una política pública permanente sobre infraestructura digital, servicios críticos y resguardo de información ciudadana. El proyecto fue expuesto por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, entre otras autoridades provinciales.
Según informó el Senado de Mendoza, el texto prevé la creación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, que actuará como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la elaboración y supervisión del Plan Provincial de Ciberseguridad.
También contempla una autoridad operativa especializada, un Centro de Operaciones de Seguridad, un Equipo de Respuesta ante Incidentes y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad. Estas herramientas buscarán ordenar el monitoreo, la detección temprana, la respuesta ante ataques y la generación de estadísticas para mejorar la capacidad de reacción del Estado.
El alcance del proyecto incluye al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Además, contempla obligaciones para empresas y proveedores que brinden servicios digitales, infraestructura tecnológica, conectividad, software o almacenamiento al Estado provincial, especialmente cuando una vulnerabilidad pueda afectar sistemas públicos.
Entre los puntos centrales se encuentra la protección de infraestructura crítica vinculada con salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa. Para los vecinos de Malargüe, como parte de la provincia, el tema se vincula con el funcionamiento de servicios públicos que dependen cada vez más de plataformas digitales.
La Ley de Ciberseguridad también incorpora un Programa de Divulgación Responsable, orientado a permitir que especialistas, investigadores y hackers éticos reporten vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos bajo reglas de confidencialidad y protección legal para quienes actúen de buena fe.
Otro aspecto previsto es la realización de campañas de alfabetización y concientización digital para la ciudadanía y el sector privado. El objetivo es promover prácticas seguras vinculadas al uso de datos personales, credenciales digitales, prevención de delitos informáticos y riesgos como la usurpación de identidad.
La propuesta se encuentra ahora en el ámbito legislativo, donde deberá ser analizada por los senadores antes de avanzar en su tratamiento. Hasta su eventual aprobación, se trata de un proyecto de ley y no de una norma vigente.
LECTURA RÁPIDA
¿Qué se presentó?
El Poder Ejecutivo provincial presentó la Ley de Ciberseguridad en la Legislatura de Mendoza.
¿Qué busca proteger?
La iniciativa apunta a resguardar datos públicos, infraestructura digital y servicios esenciales del Estado.
¿A quiénes alcanza?
El proyecto alcanza a los tres poderes del Estado y a proveedores tecnológicos vinculados a servicios públicos.
¿Ya está vigente?
No, por ahora es un proyecto ingresado al Senado provincial para su tratamiento legislativo.
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