

Hasta once camiones por día.
En condiciones de máxima demanda invernal, esa es la cantidad de cisternas con propano que pueden ingresar a Malargüe para garantizar el suministro de gas a hogares, comercios e industrias.

Once camiones en una sola jornada permiten dimensionar qué significa, en términos concretos, depender de un “gasoducto virtual”.
Y esta semana ocurrió algo que obliga a mirar esa realidad de otra manera.
El jueves 1 de octubre, un semirremolque cisterna que transportaba gas propano volcó en el kilómetro 685 de la Ruta Nacional 144, en la Cuesta de los Terneros. Según las primeras actuaciones conocidas, el conductor habría advertido problemas en el sistema de frenos antes de que el semirremolque terminara volcado.
Una falla mecánica.
Nada extraordinario para cualquier vehículo que recorre cientos de kilómetros. La diferencia es que este transportaba propano.
El accidente provocó una pérdida de producto, el corte total de la ruta y un operativo que se extendió hasta el sábado. Intervinieron bomberos especializados, fuerzas de seguridad y equipos técnicos; fue necesario trasvasar la carga y retirar posteriormente la cisterna.
También se suspendieron las clases presenciales del viernes por la mañana en todas las escuelas y modalidades del distrito El Nihuil.
Un solo accidente fue suficiente para alterar durante casi dos días una ruta nacional, movilizar un importante operativo de emergencia y afectar otros servicios.
Por eso hay una pregunta que Malargüe tiene derecho a hacerse:
¿Qué ocurriría si una situación semejante se produjera en el ingreso a nuestra ciudad?
No hace falta imaginar escenarios extremos para comprender el problema.
Malargüe depende del transporte terrestre de propano para sostener su servicio de gas. Las cisternas deben recorrer rutas, llegar hasta la ciudad y alcanzar la planta donde el producto es almacenado, vaporizado y acondicionado para ingresar a la red.
Ese sistema funciona. Pero también supone una dependencia logística y un riesgo que no deberían naturalizarse como parte permanente de nuestra vida cotidiana.
Hasta el cierre de esta editorial no está confirmado que el camión accidentado en la Cuesta de los Terneros tuviera como destino Malargüe. Y no necesitamos afirmar algo que no sabemos.
Lo verdaderamente importante es que transportaba el mismo producto que nuestra ciudad necesita recibir regularmente por carretera para tener gas.
Eso alcanza para que el accidente funcione como advertencia.
En febrero, desde Ser y Hacer de Malargüe advertimos que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Gasoducto Papagayos–Malargüe había vencido sin que la obra comenzara.
Entonces señalamos una demora administrativa y política.
Hoy debemos agregar otra palabra a aquella discusión: seguridad.
Malargüe lleva demasiado tiempo hablando de su gasoducto. Demasiado tiempo escuchando anuncios, proyectos, estudios y gestiones mientras la solución cotidiana sigue llegando sobre ruedas.
El problema no es el camionero. Tampoco las empresas que realizan un transporte necesario bajo las normas correspondientes.
El problema es estructural.
Una ciudad que pretende crecer, desarrollar minería, ampliar su industria, fortalecer el turismo y atraer inversiones no puede resignarse indefinidamente a que una infraestructura energética esencial dependa del movimiento permanente de cisternas por carretera.
El accidente de la Cuesta de los Terneros debería marcar un antes y un después.
No porque haya ocurrido una tragedia.
Precisamente porque no hace falta esperar una para actuar.
Las grandes obras de infraestructura se justifican también por los riesgos que evitan. Gobernar es anticiparse, establecer prioridades y resolver antes de que una emergencia convierta una deuda pendiente en una pregunta mucho más dolorosa.
Por eso ya no alcanza con volver a decir que Malargüe necesita el gasoducto.

Necesitamos saber qué falta para hacerlo.
Cuál es hoy el estado real del Gasoducto Papagayos–Malargüe. Qué trámite ambiental debe resolverse. Qué financiamiento requiere. Qué organismo tiene la responsabilidad de impulsarlo. Qué decisiones políticas faltan. Y, fundamentalmente, qué plazo concreto existe para que la obra deje de ser una promesa y se convierta en realidad.
Esas respuestas deben ser públicas.
Y Malargüe debería reclamarlas.
Porque una solución pensada para suplir una necesidad no puede convertirse en permanente simplemente porque nos acostumbramos a ella.
Hasta once cisternas en un día de invierno ayudan a entender la dimensión de esa dependencia.
El vuelco de esta semana nos mostró la otra cara.
Malargüe produce energía, aporta recursos y proyecta desarrollo.
Es hora de que también tenga la infraestructura que ese desarrollo exige.
Sabíamos que podía pasar.
Pasó.
Ahora la responsabilidad es que esta advertencia no termine, una vez más, en el olvido.
Malargüe necesita su gasoducto. Y necesita saber cuándo se va a hacer.


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