El gobernador Rodolfo Suárez anunció personalmente promover el desarchivo y la aprobación de la DIA del proyecto minero de cobre Cerro Amarillo, ubicado en Malargüe.
Entre otras cosas, el mandatario comentó que el proyecto es una exploración para cobre que cumple con la normativa de la Ley 7.722, validando la importancia de esta Ley y su carácter de instrumento básico para la política minera provincial.
Todos sabemos, y el Gobernador también lo sabe, que desde la sanción de la Ley 7.722 en adelante ningún inversor se animó a poner un solo dólar en la minería metalífera de Mendoza. Con esa Ley y con una inteligente aplicación de la Ley 6.045, se diseñó una política antiminera que se mantuvo sin cambios durante el mandato de varios gobiernos de diferente signo partidario. Por eso hoy podemos afirmar que la antiminería en Mendoza es «Política de Estado».
Además, también sabemos que una exploración por cobre y otros metales asociados se hace con la única intención de alumbrar y cubicar reservas económicamente explotables. Si eso se concreta y se alumbra un yacimiento, habrá que diseñar un proyecto de explotación similar al que propuso la mina San Jorge pocos años atrás.
Pero, el proyecto San Jorge fue rechazado por la Legislatura aplicando la misma Ley 7.722 que el Gobernador menciona. Con ese antecedente, conocido por empresarios e inversores, podríamos decir que cualquier emprendimiento por cobre tiene, por lo menos, un futuro político y jurídico muy dudoso.
Estamos convencidos de que el Gobernador no es estúpido. Entiende perfectamente lo que acabamos de explicar. Lo que pasa es que él no les habla a los inversores ni a los profesionales de la exploración minera. Sus palabras están destinadas al electorado mendocino y su intención es cautivar por igual a los votantes de dos sectores artificialmente opuestos.
Por un lado ratifica la continuidad de la política antiminera para beneplácito de ciertos sectores y corporaciones que se benefician con el mantenimiento de la mano de obra barata disponible, y por otro lado pretende mostrarse proclive a apoyar la actividad minera para tratar de cautivar voluntades en los sectores y corporaciones relacionadas con la construcción, la metalmecánica y los servicios vinculados a la minería y la metalurgia, como así también a los pobladores de Malargüe.
En definitiva solo se trata de una vulgar estrategia electoralista que no afectará para nada la vigencia de la antiminería como «Política de Estado».
Una vez más nos atrevemos a señalar la conveniencia de que el Gobernador y todos los políticos de Mendoza, responsables de diseñar y aplicar normas y medidas que, según el caso, pueden favorecer o perjudicar a sus gobernados, se asesoren con profesionales idóneos y traten de entender la importancia que hoy tiene la producción de materias primas minerales para el progreso científico, tecnológico e industrial del mundo y el rol que desempeña la industria minera, generando producción y empleo, en el marco del desarrollo económico, social y ambiental de la humanidad.
Por Eddy Lavandaio, Geólogo – Matrícula COPIG 2774A
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