Ahora que se le están poniendo las cerezas a la torta, pareciera que todos quieren comer y creen que por ser mendocinos tienen legítimo derecho. Pero cuando hubo que comprar los insumos, amasar y dejar leudar, nadie estuvo, excepto quien tuvo la valía y el coraje de sostener la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta homologar el acuerdo que protegía el recurso hídrico más importante de la provincia, el río Grande y el trasvase del mismo al Atuel.
En 1983, las políticas de promoción industrial fueron impulsadas a fin de fomentar el desarrollo en determinadas zonas de la Argentina, provocando inconvenientes en provincias vecinas, así fue nuestro caso ante las favorecidas (San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca), por lo que la Cámara de Comercio de San Rafael inicia las acciones legales por el resarcimiento económico al sur provincial.
En el 2003 Néstor Kirchner y Julio Cobos acuerdan dejar sin efecto la demanda y Nación, por su parte, reconocería y financiaría la obra hidroeléctrica Portezuelo del viento y el trasvase. En el 2006, finalmente, el acuerdo es homologado y allí es donde se halla la legitimidad de origen en este tema.
En el 2019 el gobierno provincial anexa a una de las cláusula del convenio el “y/o u otras obras hidroeléctricas” dando así pie a nuevos destinos de los fondos… y nuevas dudas.
Me recuerda el testimonio del entonces presidente de la cámara de Comercio de Malargüe, Gustavo Miras, que decía en ese momento “todos estaban entusiasmados”. Dos años más tarde, las excusas comienzan a tirar el proyecto, proyecto que cuida el recurso más preciado (según los mendocinos) pero que ahora pareciera que no…(estaba diciendo la verdad).
En diciembre 2023, un diputado del oficialismo presenta un proyecto de declaración, intentando modificar la cláusula 3 del acuerdo, para que sea utilizado en obras hidroeléctricas o de infraestructura productiva no limitado a la generación de energía hidroeléctrica. Y aquí develó la paciencia, al menos la mía.
En los últimos años, se han invertido fondos, tiempos, estudios, organismos, instituciones, personas y personas para hacer realidad este proyecto. A los malargüinos no nos dejan hacer minería metalífera, la que necesita un mundo para ser más ecológico, todos hablan que tenemos los recursos para movilizar a la provincia, pero constantemente están cuestionando desde un concepto teórico, poco práctico y real, las verdaderas realidades y cómo accionar para concretar.
La provincia tiene una matriz energética pobre, mucho más en sentido productivo, y el recurso más preciado (agua) desde nuestra conformación, se pierde en el mar, en las fincas sin tecnificar, en los barrios privados sin controlar, en las industrias sin compromiso social, etc, etc.
Si el problema se llama La Pampa, pues son gobierno, digo…, tienen los recursos, los profesionales, los medio, para negociar, trabajar, acordar o patear el tablero.
Tres caminos para repartir los fondos (torta)
- A la tribuna, que son los grandes padrones electorales;
- A la Inversión de base federalizada de recursos legítimamente conseguidos;
- A los otros “proyectitos” (súper necesarios, no digo que no) como rutas, gas, conectividad pero que no hacen a la construcción de una fisonomía industrial de crecimiento y desarrollo profundo de una provincia pobre.
La torta ya está lista…
Por Jimena Cogo, diputada provincial de La Unión Mendocina por el Cuarto distrito electoral.
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