La semana pasada Malargüe volvió a ser sorprendido —y no precisamente de manera grata— por la ausencia del tramo local de la Ruta Nacional 40 en el convenio suscrito entre el Gobierno de Mendoza y la Dirección Nacional de Vialidad. Una vez más, el sur profundo de la provincia queda fuera del mapa de las prioridades, y esta vez, sin distinción partidaria: la deuda con Malargüe es de todos.
La Ruta Nacional 40, en su trazado por nuestro departamento, es una herida abierta que ningún gobierno ha logrado cerrar. El Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el actual gobierno nacional encabezado por Javier Milei cargan con el peso de esta deuda histórica. Todos han tenido la oportunidad de cambiar el destino de esta región y ninguno lo ha hecho.
Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se llamó a licitación para la pavimentación de 80 kilómetros entre Bardas Blancas y la laguna de Coipo Lauquén, incluyendo además la construcción de puentes en puntos críticos como el río Malargüe, el arroyo Loncoche y zonas adyacentes a Bardas Blancas. Pero la corrupción que marcó esa etapa de gobierno —y que derivó en dos sentencias judiciales contra la expresidente— frustró cualquier posibilidad de concretar la obra.
El gobierno de Mauricio Macri intentó, al menos, tomar el toro por las astas cuando buscó el traspaso de algunas de esas obras de OPS (a cargo de hacer un tramo de los 80 kilómetros que restan pavimentar) a Chediack. Sin embargo, no lo pudo realizar al surgir un conflicto que se judicializó y desde entonces duerme en los pasillos de la burocracia, sin que su sucesor Alberto Fernández ni el actual presidente Javier Milei hayan logrado —o querido— destrabar la situación. ¿Falta de voluntad política? ¿Falta de estrategia legal? ¿Simple desinterés? Las respuestas escasean, pero el abandono está a la vista.
Mientras tanto, la situación de la ruta no es solo un problema de infraestructura: es un atentado directo contra el desarrollo económico, la conectividad y la salud de quienes viven y transitan por este extremo de Mendoza. Los accidentes se suceden, las crecidas de arroyos interrumpen el paso incluso en tramos pavimentados y mal señalizados, y los tramos de ripio, en pésimo estado, hacen del traslado una odisea. ¿Alguien se imagina lo que significa un viaje en ambulancia desde Ranquil Norte hasta la ciudad de Malargüe por esta ruta?
Ante esta realidad, la clase política de Malargüe —oficialistas y opositores por igual— tiene la obligación de levantar la voz. Pero no solo ellos. Las entidades intermedias, como la Cámara de Comercio, AMATUR y otras organizaciones sociales y productivas, deben sumarse a un reclamo firme y conjunto. Es tiempo de dejar de lado las banderas partidarias y las peleas en redes sociales para exigir, con una sola voz, lo que nos corresponde.
La Ruta Nacional 40 en Malargüe no puede nunca más ser la promesa de algún partido político. Es una deuda. Y es hora de que empiece a pagarse.
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