El levantamiento del acampe de ATE en la Fiesta del Chivo, sin explicaciones públicas, expuso un silencio que pone en duda la representación gremial en pleno conflicto salarial municipal.
Durante meses, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Malargüe se presentó como uno de los actores más visibles del conflicto salarial que atraviesan los empleados municipales. Marchas, paros, comunicados encendidos, denuncias públicas y un discurso sostenido de confrontación marcaron el pulso de una disputa que expuso salarios bajos, precariedad y una negociación empantanada con la Municipalidad de Malargüe. Sin embargo, de un día para otro, ese escenario cambió de forma abrupta. Y el silencio ocupó el lugar de la lucha.
El hecho resulta imposible de ignorar. En el punto más sensible del conflicto —cuando ATE había anunciado un paro por tiempo indeterminado y montado un acampe en la entrada de la Fiesta Nacional del Chivo para visibilizar el reclamo— el secretario general del gremio, Benito Martínez, se retiró del lugar. El acampe se levantó antes del inicio del festival. No hubo comunicado oficial. No hubo conferencia de prensa. No hubo explicación pública. Tampoco la dio el Ejecutivo municipal que conduce el intendente Celso Jaque. Lo que quedó fue una pregunta incómoda que retumba entre los empleados municipales: ¿qué pasó?
La respuesta que ofreció Martínez, ante la insistencia de los medios, lejos estuvo de despejar dudas. “Hemos tomado la decisión de no hacer ningún tipo de declaraciones”, dijo. Y agregó que quienes quisieran enterarse del acuerdo debían acercarse al sindicato, remarcando que la adhesión al paro había sido “mínima”. Una afirmación que contrasta con meses de coberturas periodísticas que daban cuenta de un alto acatamiento y una fuerte conflictividad. ¿Desde cuándo la representación gremial se ejerce en voz baja? ¿Desde cuándo la información se restringe solo a unos pocos?
El recorrido previo agrava aún más el interrogante. Desde la paritaria del 47% firmada a comienzos de 2025 —presentada como un logro parcial y condicionado— hasta los paros de 48 y 72 horas, las detenciones de dirigentes, las denuncias por descuentos, cesantías y salarios por debajo de la canasta básica, ATE sostuvo un discurso de confrontación abierta. Denunció persecución sindical, ajuste y hambre. Reclamó salarios en blanco, dignidad laboral y responsabilidad política. Incluso llevó la protesta al principal evento cultural y turístico del departamento para interpelar a la comunidad y esa protesta solo duró unas horas. ¿Qué cambió entonces para que todo se apagara sin explicación?
El problema no es solo la falta de información. Es el mensaje que se construye. Cuando un gremio denuncia durante meses una situación crítica y luego decide callar, el daño no es menor. Se erosiona la confianza de los trabajadores. Se debilita la credibilidad de la representación sindical. Y se refuerza una idea peligrosa: que, cuando llega el momento decisivo, los acuerdos se cierran entre pocos y en silencio.
No se trata aquí de desconocer la complejidad de una negociación ni de negar las dificultades financieras del municipio, largamente argumentadas por el Ejecutivo. Se trata de señalar una responsabilidad política y social. ATE no es un actor menor. Es, —o era— la voz colectiva de los trabajadores estatales. Esa voz no puede apagarse sin rendir cuentas.
En un contexto tan crítico, el silencio no es neutral. Es una toma de posición. Y cuando quienes prometieron lucha eligen no explicar, no informar y no transparentar, la pregunta deja de ser qué negoció el gremio y pasa a ser a quién representa hoy.
Porque cuando la lucha se apaga sin explicación, lo que queda no es paz social. Es desconfianza.
Redacción Ser y Hacer
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