

La provincia de Mendoza actualizó la normativa sobre arbolado público y fortaleció el rol de los municipios en su gestión. La medida redefine responsabilidades, controles y planificación en todo el territorio.

La provincia de Mendoza avanzó en una reforma clave sobre el manejo del arbolado público, estableciendo nuevas obligaciones para los municipios y redefiniendo su rol en la gestión ambiental urbana. La normativa actualizada apunta a mejorar el control, la planificación y el mantenimiento de los árboles en todo el territorio provincial.
Uno de los cambios centrales es que las comunas asumirán un papel más activo en la administración del arbolado, incluyendo tareas como la poda, erradicación, reposición y cuidado general. Esta modificación busca descentralizar funciones que anteriormente estaban más concentradas en organismos provinciales.
La reforma también introduce mayores exigencias técnicas y controles sobre las intervenciones que se realicen en el arbolado público. De este modo, se pretende garantizar que las acciones respondan a criterios ambientales y de seguridad, evitando prácticas inadecuadas o dañinas para el ecosistema urbano.

Además, los municipios deberán desarrollar planes de gestión y políticas activas para el cuidado del arbolado, lo que implica una planificación más sistemática y sostenida en el tiempo. Esto incluye la implementación de estrategias de forestación y mantenimiento en espacios públicos.
Otro aspecto relevante es que la nueva normativa fortalece el control local sobre el estado de los árboles, permitiendo una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo, como ejemplares en mal estado o con peligro de caída.
Desde una perspectiva ambiental, el arbolado público cumple funciones clave como la regulación de la temperatura, la mejora de la calidad del aire y la generación de espacios más habitables en zonas urbanas. Por ello, las autoridades buscan que la gestión sea más eficiente y cercana a las necesidades de cada comunidad.

En este contexto, la medida podría tener impacto en departamentos del sur provincial como Malargüe, donde el mantenimiento del arbolado urbano requiere adaptarse a condiciones climáticas particulares. La participación activa de los municipios permitiría una gestión más adecuada a cada realidad local.
Finalmente, la reforma se enmarca en una tendencia de modernización de la gestión ambiental, en la que se promueve una mayor responsabilidad de los gobiernos locales junto con estándares técnicos más exigentes, con el objetivo de preservar el patrimonio natural urbano y mejorar la calidad de vida de la población.
Fuente: Mendoza Post









