El Gobierno de Mendoza anunció que trasladará a los padres el costo de los operativos policiales activados por amenazas en escuelas. La medida surge tras una ola de mensajes intimidatorios que obligó a reforzar la seguridad en distintos establecimientos de la provincia.
El Gobierno de Mendoza anunció que comenzará a trasladar a los padres el costo de los operativos policiales que se activan ante amenazas en escuelas, en el marco de una serie de medidas destinadas a frenar la creciente problemática en la provincia.
La decisión surge tras una escalada de mensajes intimidatorios que obligaron a desplegar recursos de seguridad en numerosos establecimientos educativos. En las últimas semanas se registraron más de un centenar de amenazas en distintos puntos del territorio mendocino, lo que implicó la intervención de fuerzas policiales y la activación de protocolos específicos.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, explicó que estas acciones generan un costo significativo para el Estado, por lo que se avanzará en mecanismos para que las familias de los menores responsables asuman esa erogación. La medida se suma a otras sanciones ya previstas en la normativa vigente.
Entre las posibles sanciones se contemplan multas económicas, trabajos comunitarios e incluso arrestos para los adultos responsables, en función de la gravedad de cada caso. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que las amenazas no son hechos menores, ya que implican la movilización de recursos públicos y generan preocupación en toda la comunidad educativa.
La problemática se extendió a distintos departamentos de Mendoza, donde se detectaron mensajes intimidatorios en numerosas escuelas. Esta situación obligó a reforzar la presencia policial y revisar los protocolos de actuación en los establecimientos.
Además, se investiga la posible vinculación de estos hechos con fenómenos virales en redes sociales, donde algunos jóvenes replican mensajes sin dimensionar sus consecuencias. En varios casos, los responsables fueron identificados y quedaron bajo intervención judicial o de equipos técnicos.
En paralelo, las escuelas continúan con el dictado de clases, aunque bajo estrictas medidas preventivas. Entre ellas se incluyen controles en el ingreso, presencia policial y recomendaciones a las familias para fortalecer el acompañamiento de los estudiantes.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la respuesta debe ser conjunta entre el Estado, las instituciones educativas y las familias, con el objetivo de desalentar este tipo de conductas y preservar el normal funcionamiento del sistema educativo.
En el sur mendocino, incluido Malargüe, también se registraron situaciones bajo investigación, lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral que combine prevención, acompañamiento y responsabilidad familiar.
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