La Dirección General de Escuelas (DGE) puso a consideración el borrador para modernizar la norma provincial. En los próximos días, convocará a especialistas, pero también recibirá aportes de toda la sociedad.

Mendoza se apresta a discutir en sus diferentes ámbitos una nueva ley de educación para renovar la norma del 2002 ante una realidad que se presenta con más demandas en las aulas provinciales. Redes sociales y educación sexual, entre otras, son algunos de los tópicos que el nuevo proyecto busca regular, a la par de que establece las condiciones generales para el funcionamiento del sistema educativo provincial.

Por el momento, este primer gran esbozo que está en las manos de José Thomas, el titular de la DGE, se presentó este jueves en el seno del Consejo General de Educación de la Provincia. 

Esta es la primera instancia. La DGE ya adelantó que prepara un Congreso Pedagógico Provincial en el que participarán referentes y especialistas del ámbito educativo, pero también espera recibir aportes de toda la sociedad.  

El proyecto que ya está en danza presenta 143 artículos y 7 títulos. 

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Principios generales. Establece, entre otros, que «la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social», a la vez que señala la responsabilidad del Estado en fijar la política y en garantizar el acceso a la educación. También estipula que la educación pública de gestión estatal es integral, gratuita, laica e inclusiva. 

Fines. Entre estos, agrega además un apartado para los nuevos desafíos a través del desarrollo de competencias digitales y el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información. Hay que considerar que tanto la actual ley, sancionada en 2002, pero también la norma nacional de 2006, se dieron en un contexto totalmente distinto: es decir, sin teléfonos inteligentes, ni redes sociales.  

Redes sociales. Hay apartados que resultan novedosos en cuanto a que buscan dar una respuesta a los problemas que atraviesan perpendicularmente la escuela, como el bullying y las plataformas digitales. Así señala que es obligación de los estudiantes «hacer un uso respetuoso y precavido de las redes sociales. En ningún caso se deberán publicar imágenes o videos en los que aparezcan otros integrantes de la comunidad salvo que cuenten con su consentimiento». Y de la misma manera prohibe los comentarios racistas, discriminatorios o amenazantes. 

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Lo mismo agrega para los docentes, pero también se les señala la responsabilidad de comunicar a las autoridades cuando «detecte un uso inconveniente para realizar su oportuno abordaje».

Los padres. No están desatendidos de este proceso, por lo que tienen la obligación de se cumpla la escolaridad obligatoria, asistir a las escuelas cuando sean citados o hacerse responsables de las acciones ejercidas por sus chicos, por citar algunas disposiciones. 

Docentes. Estipula que los trabajadores perciban una remuneración acorde y una jubilación justa, además de otorgarles estabilidad en el cargo, entre otros derechos ya establecidos.    

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Obligatoriedad. Se extiende desde los 4 años hasta la finalización del nivel de educación secundaria. Pero también tiende a universalizar las salas para niños de 3 años, prioritariamente en zonas de vulnerabilidad social. 

Evaluación. El sistema de información en el que pivotará la DGE seguirá siendo el GEM, el Sistema de Gestión Educativa Mendoza. También señala que el gobierno escolar promoverá la autoevaluación del sistema y de la institución educativa con todos los actores. Por otra parte, abre la posibilidad de crear nuevos organismos para hacer estas evaluaciones.  

Cédula. Otras de las novedades es que la DGE implementará una Cédula Escolar Provincial, un registro digitalizado de identificación, único, individual e instransferible.

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Educación sexual. Si bien no hay un apartado exclusivo, la preocupación queda reflejada en los objetivos de la educación inicial: incorpora la educación sexual integral como condición para un desarrollo integral de la infancia. También lo menciona para la educación secundaria.

La digitalización. El Sistema de Educación Digital es otra de las inclusiones, ya que integrará los procesos tecnológicos digitales de enseñanza con la gestión administrativa y operativa del sistema educativo. Este SED contendrá las plataformas para la gestión de los docentes y estudiantes, pero también las herramientas para la evaluación del sistema y las de comunicación entre los actores. 

Estructura. La ley ratifica que el sistema educativo provincial tendrá 4 niveles: la educación inicial, la primaria, la secundaria y la superior. Y también fija las modalidades: especial, permanente de jóvenes y personas adultas, en contextos de privación de la libertad, domiciliaria y hospitalaria, rural, técnica profesional, intercultural bilingüe y artística.

Fuente: Diario El Sol.

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