El accidente ocurrido esta semana en el puente sobre el río Malargüe, en la Ruta Nacional 40 Sur, no inaugura el problema: lo expone con crudeza. Dos turistas neuquinos cayeron con su vehículo al cauce del río. Las causas del siniestro deberán ser determinadas por la investigación correspondiente. Pero hay algo que no necesita más espera para ser evidente: ese puente viene siendo señalado desde hace años como un punto crítico de riesgo vial.
La pregunta, entonces, ya no es solamente qué pasó. La pregunta es otra, más profunda y más incómoda: ¿quién golpea la mesa por los malargüinos?
Porque papeles no faltan. Desde hace al menos ocho años, el puente sobre el río Malargüe y el tramo sur de la Ruta 40 aparecen en resoluciones, pedidos de informes, reclamos institucionales y advertencias formales. En 2018 ya se solicitaba conocer el estado administrativo de la obra del puente y avanzar con la doble vía hacia el río. En 2019, el Concejo Deliberante pidió a Vialidad Nacional la construcción de un nuevo puente, al señalar que el actual pertenece a la Ruta Nacional 40, permite una sola mano de circulación y es el principal acceso sur a la ciudad. En 2023 se habló de riesgo inminente. En 2024, de falta de barreras o guardarraíl, asfalto deteriorado y obsolescencia. En 2025, de emergencia vial. En 2026, otra vez, de intervención urgente.
¿Y después qué? ¿Cuántas resoluciones hacen falta para que una obra deje de ser expediente y se transforme en seguridad concreta? ¿Cuántas notas, reuniones, declaraciones, fotografías y reclamos deben acumularse antes de que alguien asuma que la vida no puede esperar los tiempos cómodos de la burocracia?
Todos conocemos ese puente. Lo cruzan vecinos de los distritos, trabajadores, transportistas, turistas, familias que entran y salen de Malargüe, vehículos de carga y también quienes, simplemente, hacen su recorrido cotidiano. Para muchos no es una imagen lejana ni un problema técnico: es parte del camino de todos los días. Y eso lo vuelve aún más grave. Porque cuando el peligro se vuelve cotidiano, el riesgo empieza a parecer normal.
Es cierto: estamos hablando de una ruta nacional. La Dirección Nacional de Vialidad es el organismo que aparece formalmente vinculado a las obras, conservación y mantenimiento del sistema vial nacional. Pero esa verdad administrativa no puede convertirse en coartada política. Nación debe responder. Pero Municipio, Provincia, legisladores provinciales y nacionales tampoco pueden refugiarse eternamente en la frase cómoda de “no nos corresponde”. Cuando lo que está en riesgo es la vida, ninguna autoridad puede limitarse a reenviar notas, sacarse fotos o esperar que otro mueva primero.
Lo que ya no alcanza es la política del trámite, de la foto y de la excusa jurisdiccional. La salida también deberá ser política, sí, pero de otra calidad: con gestión firme, con plazos, con responsables, con presencia real y con una mesa urgente donde estén Nación, Provincia, Municipio, legisladores y representantes de la comunidad. Y mientras la obra definitiva llega, deben exigirse medidas provisorias de seguridad, señalización, control, mantenimiento e intervención inmediata.
Este puente es hoy un símbolo. Pero no es el único. También son las rutas intransitables, los pozos en las calles, la falta de señalización, las obras que se prometen y no llegan, los barrios que crecen más rápido que la infraestructura y los vecinos que aprenden a esquivar peligros como si eso fuera parte natural de vivir en Malargüe.
Y allí aparece la pregunta más dolorosa: ¿qué nos está pasando como malargüinos? Tal vez no nos acostumbramos a vivir mal: tal vez nos cansaron. Tal vez tantos años de espera, de promesas incumplidas y de futuro postergado fueron empujando la esperanza hacia el silencio. Pero el silencio, cuando la vida está en riesgo, también puede volverse una forma de resignación.
No podemos naturalizar que una ruta sea una amenaza. No podemos acostumbrarnos a que un puente sea una preocupación diaria. No podemos aceptar que vecinos, trabajadores, turistas y familias dependan de la suerte, de la prudencia individual o de que “no pase nada”.
El accidente pudo ser peor. Pero Malargüe no necesita una tragedia mayor para despertar. La ética del cuidado de la vida exige actuar antes, no después del duelo. Es hora de exigir con firmeza, con unidad y con memoria. Porque una comunidad que deja de reclamar lo básico empieza a perder mucho más que una obra: empieza a perder la confianza en su propio derecho a vivir mejor.
Redacción Ser y Hacer
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