Un vecino de Malargüe puede entrar a una página oficial, descargar una resolución, abrir una planilla, recorrer anexos y cuadros técnicos y, aun así, terminar sin una respuesta sencilla a una pregunta elemental: ¿qué cambia para mí?
Puede saber que existe una modificación tarifaria, pero no comprender con claridad cuánto impactará en su factura. Puede encontrar las cuentas del Municipio, pero necesitar conocimientos contables para interpretar qué significan determinados resultados financieros. Puede leer que habrá inversiones u obras y no encontrar rápidamente cuáles alcanzan a Malargüe. Puede enterarse de que una empresa fue sancionada y que habrá bonificaciones, pero seguir preguntándose cuándo y de qué manera ese reconocimiento aparecerá efectivamente en su boleta.
La información está.
Pero ¿estamos realmente informados?
Esa diferencia importa.
Porque publicar un documento es cumplir con una obligación de transparencia. Explicar qué significa ese documento para la vida cotidiana de la comunidad es asumir una responsabilidad pública.
Y una cosa no reemplaza a la otra.
Esta semana encontramos varios ejemplos que vuelven necesario plantear esa discusión. El sistema eléctrico tuvo nuevas decisiones tarifarias. Las cuentas municipales ofrecen información pública sobre la situación financiera. Existen procesos administrativos vinculados con inversiones en infraestructura escolar. El EPRE, además, sancionó a EDEMSA y dispuso bonificaciones para miles de usuarios, incluyendo vecinos de zonas del sur mendocino.
Nada de eso puede reducirse a titulares.
Detrás de cada resolución hay familias que pagan servicios. Detrás de cada ejecución presupuestaria hay recursos que pertenecen a toda la comunidad. Detrás de una obra escolar hay padres que quieren saber si la escuela de sus hijos será intervenida. Y detrás de una sanción a una empresa existe un usuario que necesita saber si tiene derecho a una compensación, cuánto podría corresponderle y cuándo podrá verla reflejada.
El vecino no debería necesitar un contador para comprender las cuentas de su Municipio ni convertirse en especialista en regulación eléctrica para entender su factura.
Mucho menos debería depender de tener tiempo, conocimientos técnicos, buena conectividad y experiencia buscando expedientes para acceder a una información que el Estado produce justamente porque administra asuntos que afectan a todos.
Allí aparece otra dimensión del problema: la transparencia también es una cuestión de igualdad.
Quien sabe dónde buscar, conoce el lenguaje administrativo y puede interpretar documentos complejos parte con ventaja. Quien no tiene esas herramientas queda dependiendo de terceros para comprender decisiones que igualmente afectan su bolsillo, sus servicios o su comunidad.
¿Puede llamarse plenamente transparente un sistema en el que la información existe, pero para una parte importante de la población continúa siendo difícil de interpretar?
Creemos que no.
No estamos diciendo que los documentos deban desaparecer ni que una resolución deba ser reemplazada por un comunicado simplificado. Al contrario: los expedientes, balances, decretos, resoluciones y anexos deben continuar estando disponibles, completos y accesibles.
Pero deberían estar acompañados por algo mucho más sencillo.
¿Qué cambió?
¿A quién alcanza?
¿Cuánto cuesta?
¿Desde cuándo rige?
¿Cómo se calculó?
¿Dónde puede consultar o reclamar el vecino?
Seis preguntas. Seis respuestas que podrían acompañar cada decisión pública relevante.
No parece una exigencia desmedida.
En una comunidad como Malargüe, además, la comunicación pública adquiere una importancia especial. Las distancias son grandes, no todos los vecinos tienen el mismo acceso a oficinas, conectividad o asesoramiento, y muchas decisiones tomadas en ámbitos provinciales o nacionales terminan teniendo consecuencias muy concretas en localidades, parajes y hogares alejados de los centros donde esas normas se redactan.
Por eso informar bien no es una cuestión estética ni un detalle de prensa.
Es una manera de acercar el Estado a la ciudadanía.
Y también de permitir que esa ciudadanía lo controle.
Porque cuando comprender una decisión pública se vuelve difícil, también se vuelve más difícil discutirla, cuestionarla, reclamar por ella o exigir responsabilidades.
La transparencia verdadera no consiste en inundar internet de archivos.
Consiste en que un vecino pueda saber qué decidió el Estado, por qué lo decidió, cuánto cuesta y de qué manera esa decisión modifica su vida.
Publicar es indispensable.
Pero no alcanza.
El Estado no termina su tarea cuando sube un archivo a internet. La termina cuando el ciudadano puede comprender qué se hizo con sus recursos, qué se decidió en su nombre y qué consecuencias tendrá para su vida. Todo lo demás podrá llamarse publicación. Transparencia, todavía no.
Redacción Ser y Hacer
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