

Las amenazas en escuelas de Malargüe no pueden tratarse como una simple broma ni explicarse como un hecho aislado. Interpelan a toda la comunidad: familias, escuelas, autoridades y adultos responsables deben volver a mirar a los jóvenes, poner límites, escuchar y ofrecer proyectos de vida antes de que el miedo ocupe el lugar de la esperanza.

Las amenazas registradas en tres establecimientos educativos de Malargüe el viernes 17 de abril no pueden leerse como un hecho aislado ni como una simple “broma de mal gusto”. La intervención del Ministerio Público Fiscal, de la Unidad Fiscal local y de la Policía de Mendoza confirma la gravedad institucional de lo ocurrido. Pero, más allá de la investigación y de las medidas preventivas, hay una pregunta que como comunidad no podemos esquivar: ¿qué nos está pasando para que un adolescente pueda tomar con ligereza el miedo de sus compañeros, de sus docentes y de sus propias familias?
No alcanza con decir que son “dos o tres loquitos”. Esa explicación puede tranquilizarnos por un momento, pero no nos ayuda a comprender la situación de fondo. Cuando una amenaza de este tipo se replica, cuando aparece en distintas escuelas, cuando circula en redes sociales y cuando logra instalar miedo en los hogares, estamos frente a algo más profundo que una inconducta individual. Estamos frente a una señal de alarma social.
En Malargüe la escuela no es un edificio más. Es el lugar donde se encuentran los hijos de nuestros vecinos, los chicos que vemos en el club, en las academias, en la plaza, en las iglesias, en los barrios. Por eso, cuando el miedo entra a una escuela, no afecta solamente a una institución: entra en una familia, en una mesa compartida, en una conversación de padres, en la angustia de quienes se preguntan si deben mandar o no a sus hijos a clases.

La escuela debe cuidar, proteger y dar herramientas para el futuro. Pero la escuela no puede sola. No puede reemplazar a las familias, no puede resolver en soledad la salud mental de los adolescentes, no puede competir sola contra redes sociales que muchas veces convierten la provocación en espectáculo, ni puede cargar sobre sus espaldas todas las fracturas de una sociedad adulta que a veces llega tarde, cansada o sin herramientas.
También debemos decirlo con claridad: nuestros jóvenes no son el enemigo. Son, muchas veces, el espejo más sensible de lo que una comunidad no logra resolver a tiempo. Esto no significa justificar una amenaza. Una amenaza no es una travesura. No es un juego. No es una forma aceptable de suspender clases. Genera miedo real, moviliza recursos públicos, angustia a familias, altera la vida escolar y puede tener consecuencias legales graves. Pero si solo respondemos desde el enojo, sin preguntarnos qué hay detrás, estaremos mirando apenas la superficie.
¿Qué pasa en la cabeza y en el corazón de un joven que cree que escribir o compartir una amenaza es algo menor? ¿Qué falta allí? ¿Límites? ¿Acompañamiento? ¿Escucha? ¿Conciencia del daño? ¿Proyecto de vida? Probablemente, un poco de todo. Y esa respuesta no puede venir solamente de la Justicia o de la Policía. Tiene que venir también de las casas, de las escuelas, de las instituciones, de los clubes, de las organizaciones sociales, de los adultos que tienen la responsabilidad de estar presentes.
Las familias hacen lo que pueden con lo que tienen, muchas veces atravesadas por el trabajo, el cansancio, la incertidumbre y la falta de herramientas. Pero acompañar también es mirar. Es preguntar. Es saber qué consumen nuestros hijos, qué comparten, qué celebran, qué callan. Cuidar no es invadir: es estar. Educar no es solamente dar libertad: también es poner límites. Amar también es animarse a decir no.
Desde una comunidad como Malargüe, y desde una mirada comprometida con los jóvenes, debemos insistir en algo esencial: cuando un chico tiene un proyecto, cuando siente que su vida importa, cuando encuentra un adulto que lo escucha y un espacio donde construir futuro, es menos probable que busque reconocimiento a través del daño, del miedo o de la amenaza. Por eso, la respuesta no puede ser solamente sancionatoria. Debe ser también educativa, comunitaria y profundamente humana.

Las autoridades deben investigar con seriedad. Las escuelas deben aplicar protocolos sin amplificar el pánico. Los medios debemos informar con responsabilidad, sin reproducir amenazas ni alimentar el efecto contagio. Y la ciudadanía debe evitar viralizar imágenes, rumores o mensajes que solo multiplican el daño.
Malargüe no puede responder únicamente con miedo. Tiene que responder con comunidad. Con familias presentes, escuelas acompañadas, autoridades responsables, espacios de escucha y proyectos que vuelvan a poner a los jóvenes en el centro, no como problema, sino como responsabilidad compartida.
Porque cuidar a nuestros chicos no es negar la gravedad de lo que hacen. Es corregir, acompañar y construir antes de que el miedo ocupe el lugar que debería tener la esperanza.
Redacción Ser y Hacer / Fundación Ser y Hacer

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